En los inicios de la legislatura autonómica, con el PP en la oposición por primera vez en 20 años, la dirección que comanda Isabel Bonig dio por sentado que la corrupción ya no volvería a pasar factura a sus expectativas electorales. Concluyó que los valencianos ya habían apartado al PP del Consell, las responsabilidades políticas quedaban satisfechas y la corrupción, amortizada. Cuando fue elegida presidenta, Bonig pidió perdón y dijo que era la última vez que lo hacía. Esta misma semana, tras la detención de Eduardo Zaplana y su posterior encarcelamiento, ha vuelto a insistir en que el PP ya asumió su responsabilidad.
Pero la agenda judicial se niega a marcharse y cíclicamente reaparece con dureza para cortar de raíz cualquier aspiración del aún partido mayoritario en la Comunitat Valenciana de presentarse sin casos de corrupción vinculados a sus siglas en las autonómicas y municipales de mayo de 2019. El mazazo de esta semana ha sido durísimo. La caída de Zaplana, indemne desde que hace casi tres décadas se archivaran unas grabaciones muy comprometedoras en las que aseguraba que necesitaba mucho dinero para vivir, ha conmocionado a un partido en el que se nota el hastío y el cansancio por no poder apartar la corrupción de la agenda.
Una agenda judicial que es realmente diabólica. Del análisis de la situación judicial que afecta a la gestión de los 20 años de gobierno PP se puede concluir que es mucho más lo que queda por dirimirse en los tribunales que los casos que ya tienen condena en firme y por tanto formarían parte del pasado. Según el recuento que ha realizado INFORMACIÓN los siete detenidos durante la operación Erial -entre ellos el propio Zaplana- más los tres investigados elevan a 420 los implicados en distintos procesos judiciales relacionados con cargos populares valencianos. De la veintena de casos en los que están inmersos dirigentes de los antiguos gobiernos de Zaplana y Camps solo dos tienen sentencia firme. El caso Blasco, que acabó con el siete veces conseller en prisión y el de los contratos de Fitur que ha llevado esta semana a la cárcel a la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Corts Milagrosa Martínez.
Pero las páginas de tribunales no se van a despegar de las siglas del PP en años. Falta por conocer las condenas de la financiación ilegal del PPCV, después de que en el juicio el exsecretario general Ricardo Costa admitiera que su partido se financió ilegalmente y, además, nueve empresarios se declararon culpables de ese delito.
De los grandes eventos de la era popular está casi todo por decidir. Entre la visita del Papa y la pieza separada del encuentro mundial de las Familias hay 23 investigados, entre ellos el expresidente Francisco Camps y el exvicepresidente Juan Cotino. Entre condenados, encarcelados o investigados hay tres presidentes (Camps, Zaplana y Olivas), tres exvicepresidentes (Cotino, Vicente Rambla y Víctor Campos) y y 11 consellers (Milagrosa Martínez, Rafael Blasco, Serafín Castellano, Luis Fernando Cartagena, José Joaquín Ripoll, Lola Johnson, Mario Flores, Luis Rosado, Manuel Cervera, Alicia de Miguel y Mari Àngels Ramón-Llin). Además de tres expresidentes de diputación, Alfonso Rus, Carlos Fabra y Ripoll.
El reguero de los grandes eventos
La celebración de la Fórmula Uno también ha dejado un reguero de investigados, cuatro por la construcción del circuito y 14 por la compra de la endeudada Valmor. En ambas aparece el expresidente Camps que jamás ha admitido autocrítica de sus años como máximo responsable de la Generalitat. Pendiente de sentencia está también el caso Emarsa con 24 procesados por saquear 23 millones de euros de la antigua depuradora de Pinedo. Once de los acusados ya confesaron en su día los delitos.
El caso Blasco, por el que exconseller acabó en prisión por el saqueo de las ayudas de cooperación a Nicaragua aún tiene dos piezas más por dirimirse, entre ellas la que investiga las ayudas destinadas a un hospital en Haití que no se construyó o las ayudas para tratar a mujeres con sida en Àfrica. Hay 24 imputados. Algunos más, 27, aparecen en la pieza principal y las subpiezas del caso Avialsa, por el que fue detenido hace tres años el exconseller y delegado del Gobierno Serafín Castellano, que también tuvo carteras tanto con Zaplana como con Camps.
Numerosos casos pendientes
Por juzgar están también otros casos con cargos investigados vinculados a la gestión de los años del PP. Uno de ellos es el de las irregularidades del IVAM en los años en que estuvo al frente Consuelo Ciscar. Hay 16 personas investigadas y en el caso Palau, que llevó a la detención de la antigua intendente, Helga Schmidt, otros cinco.
Además, en marzo de 2017 la policía arrestó al exgerente del hospital General de València Sergio Blasco, sobrino del exconseller, y a otras ocho personas en la denominada operación Osvaldos.
También hay una pieza abierta por el agujero millonario en la antigua RTVV. En el caso de los contratos de la Generalitat con Gürtel hay tres exconsellers de Sanidad implicados, Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera, además de responsables de la trama con Francisco Correa y Álvaro Pérez al frente, ambos ya encarcelados.
En el caso Brugal, relacionado con irregularidades en las adjudicaciones de contratos de basuras y que de momento se circunscribe a la provincia de Alicante hay 35 procesados o investigados. Entre ellos el expresidente de la diputación José Joaquín Ripoll, mano derecha de Zaplana durante años. En Alicante también fue condenado el exalcalde de Torrevieja y diputado Pedro Hernández Mateo
Una panorama suficiente para dejar sin aliento a un partido que insiste en que está limpio y ha dejado atrás la corrupción.
