El caso «Erial» tuvo ayer una de sus ramificaciones en La Vila Joiosa. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) acudieron antes de las 14 horas al edificio del departamento de Urbanismo para pedir información que podría tener relación con esta operación, según confirmaron fuentes municipales. En concreto, y según las fuentes consultadas por este diario, los efectivos habrían reclamado documentación sobre un plan urbanístico que podría haber sido utilizado supuestamente por algunos de los implicados para blanquear dinero.
Los agentes acudieron al inmueble, situado a unas calles del edificio principal del Ayuntamiento, y allí permanecieron durante cerca de una hora. En el momento de su registro, ni el alcalde Andreu Verdú ni el concejal de Urbanismo, Jaime Ramis, ni el jefe del departamento se encontraban en las instalaciones.
Aunque no ha trascendido el plan parcial concreto sobre el que se habría solicitado la información, fuentes cercanas apuntaron que la red podría haber «adquirido terrenos» dentro de uno de ellos para blanquear el dinero que, presuntamente, el exministro Eduardo Zaplana habría obtenido por el cobro de comisiones.
A pesar de no encontrarse en el momento del registro, tanto el alcalde como el edil del área indicaron que «colaboraremos con la justicia» en «todo lo que nos pida». Ambos alegaron no conocer de manera exacta qué documentación solicitaron los agentes ya que el caso «está bajo secreto de sumario».
Planes parciales y propiedades
Lo cierto es que La Vila Joiosa es uno de los municipios donde algún miembro de esta presunta trama cuenta con proyectos en marcha o propiedades. Es el caso de otro de los siete detenidos en la operación «Erial», Joaquín Barceló. El que fuera director de relaciones institucionales de Terra Mítica y una de las personas de la más estrecha confianza de Zaplana es miembro y representante de la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) Antoneta PP-15, según ha podido saber este diario. Esa agrupación, formada por propietarios de suelo en la zona, es el agente urbanizador de uno de los planes parciales que quedaban por desarrollar en La Vila, el del «Poble Nou», cuyas obras comenzaron hace unos meses. El mismo está situado entre la desembocadura del río Amadorio y Puntes del Moro.
El sector cuenta con 41.169 metros cuadrados de superficie prácticamente en primera línea de playa y en él había proyectadas 124 viviendas así como un hotel.
En mayo de 2010, bajo gobierno municipal del PP, el pleno acordó la programación de este sector (aunque la inicial se hizo en 2003), se aprobó su plan parcial y se designó como agente urbanizador a la AIU formada por propietarios y a la que representa Joaquín Barceló. Un año más tarde presentaron el proyecto de reparcelación pero un informe jurídico advirtió ciertas deficiencias y propuso someterlo a información pública. Finalmente se aprobó en 2012.
Sin embargo, en 2015, según fuentes municipales, el mismo Barceló presentó una modificación del proyecto y, finalmente, hace unos meses, comenzaron las obras a manos de una empresa que están a punto de finalizar, incluido un paseo marítimo. Con todo, según fuentes cercanas al caso, estos terrenos no serían las únicas propiedades con las que contaría en el municipio vilero el detenido y su mujer, también arrestada en la «Operación Erial».
