La Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana, que ayer salió adelante en las Cortes con el voto a favor de todos los partidos menos del PP, que se abstuvo, ha incluido una de las enmiendas de Podemos en la que la formación morada establecía de forma sutil sus bases para implantar la tasa turística en la Comunidad. La nueva normativa incluye también multas que van desde los 100.000 a los 600.000 euros por infracciones muy graves. La enmienda de Podemos ha sido finalmente incorporada a la nueva normativa en el punto 4 del artículo 22, donde se señala que se pondrán en marcha estrategias que garanticen la sostenibilidad turística, «permitiendo que tanto residentes como agentes turísticos puedan contribuir a la mejora de servicios, de las infraestructuras, al impulso de buenas prácticas laborales, a la lucha contra el intrusismo y el fraude, a la promoción del medio ambiente y a la promoción turística».

Para Podemos es un hecho que se trata del asentamiento de las bases de la tasa turística, y así lo defendió ayer el diputado podemita David Torres, quien también aplaudió que la norma genere un régimen sancionador más severo. «Se ha instalado el fundamento que impulsaría un impuesto sobre la actividad turística», indicó, y añadió que para poder hacer efectivas estas medidas «falta valentía» en los socios de gobierno, un argumento que los morados no sueltan y con el que volverán a atacar en los próximos presupuestos autonómicos. Como ya publicó este diario, Podemos hizo una enmienda a la ley en la que dejaba abierta la puerta para gravar el turismo a través de los distintos agentes del sector. No podían hablar claramente de tasa para evitar que resurgieran heridas tras el denso debate que se vivió entre los partidos del Botànic en plena negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2018. Así que los morados han optado por la prudencia y por dejar esablecidos los fundamentos que justificarían un gravamen por la sostenibilidad y para luchar contra la precariedad laboral. La iniciativa contó con el aval de la izquierda y Ciudadanos.

Esos fundamentos que se recogen son los mismos que defendió Podemos cuando apostó abiertamente por la tasa turística ante las Cortes en el último debate de las cuentas autonómicas hace unos meses. Desde el PP, a través del diputado Fernando Pastor, se criticó que se incluya el «fantasma de la tasa» en el documento. El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, celebró la aprobación de la ley, pero dijo que en ella «ni se habla de tributo, ni de impuesto, ni de tasa, ni de fiscalidad alguna». Destacó que se ha trabajado «mucho» con la colaboración de todo el sector y la ciudadanía y destacó que ayer fue un día importante «porque la nueva ley ayuda a construir nuestro relato en un sector fundamental para entender la economía, la sociedad, el territorio, el prestigio y los valores de lo que somos los valencianos y valencianas». Lo cierto, en cualquir caso, es que el debate se ha reabierto definitivamente.

Cs defendió la normativa aunque su diputada Rosa García matizó que hay cuestiones en las que se «invaden aspectos» locales. Y es que una de las novedades que contempla es la posibilidad de que los municipios puedan elaborar sus planes de ordenación de los recursos turísticos (PORT) y, además, regula las viviendas de uso turístico. «La ley no es perfecta, pero era necesaria», dijo García. Compromís sí consideró que la normativa es valiente por incluir conceptos como el de hospitalidad, mientras que el PP sostuvo que está llamada a la revisión con carácter inmediato «porque no resuelve los problemas del sector». Sin embargo, se aprobó una enmienda para crear un Centro de Desarrollo Turístico (CdT) interior en cada una de las tres provincias, una demanda que realizaron desde el grupo popular.