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Los «muertos» que dejó

A Zaplana le estalló el primer escándalo por corrupción cuando llevaba dos de los siete años que estuvo al frente del Consell

Los «muertos» que dejó

«La dimisión le enaltece», fue la frase que usó en 1998 Eduardo Zaplana para justificar la salida de su primer Consell de Luis Fernando Cartagena, conseller de Obras Públicas y uno de los artífices del excelente resultado que tres años antes había obtenido el PP en la Vega Baja en las autonómicas que acabaron con él como presidente gracias a un pacto con Unión Valenciana tras obtener 42 diputados que se sumaron a los cinco de la lista de Vicente González Lizondo. El vínculo que le unía con Cartagena, practicante de un urbanismo salvaje en Orihuela -ahí queda el ejemplo de su costa, que dos décadas después sigue padeciendo un déficit galopante de infraestructuras que ahora se remedia a base de impuestos y la venta de suelo público- y a quien sacó de la Alcaldía de Orihuela para ponerlo a su diestra sabedor de que era su gran rival en la provincia, ya le había obligado un año antes a mirar para otro lado cuando una denuncia fea contra Cartagena le acusaba de haberse apropiado durante su etapa en el Ayuntamiento de 48.700 euros entregados por unas monjitas que se trasladaban de convento. Ello fue posible gracias a la connivencia con un empresario cuyo apellido ya había quedado retratado en los juzgados por la compra de votos para el PP en 1991: Fenoll, de nombre Ángel.

Pero a la segunda fue la definitiva. Un informe de la Universidad de Valencia vinculó al exalcalde con unas cesiones de crédito del Santander. Un millón de euros. Por lo de las monjitas la justicia en 2008 le condenó a cuatro años de cárcel por falsificación y malversación; por las primas únicas, un mes y medio en 2016 tras admitir los hechos, pagar una multa de 125.700 euros y devolver al fisco 502.000.

Zaplana ya había tenido que pedir la dimisión en 1997 a otro oriolano: a Claudio Solano, director general de Transportes, y que salió por la puerta de atrás después de que supuestamente negociara con una multinacional la concesión de las obras de la línea del metro de Valencia a cambio de comprar por 18 millones de euros una empresa de basuras de la Vega Baja que valía un tercio, 6 millones, ¿sabén quién era su propietario? Sí, Ángel Fenoll.

El electorado pasó por alto aquellos escándalos al punto que en 1999 Zaplana obtuvo la mayoría absoluta. 49 diputados. El récord. Y con su segundo mandato, más crecido que nunca, dio alas al hombre que le había enseñado los entresijos del Palau, a Rafael Blasco, quien los conocía de sobra pues en 1983 había sido conseller de Presidencia con el socialista Joan Lerma. Ver para creer. Zaplana no sólo cometió el error de promocionar a Blasco, quien al final de su carrera política, en 2016, ingresó en Picassent para cumplir seis años y medio por malversación, prevaricación y estafa tras haber sido conseller en siete carteras distintas (y eso que comenzó en el PCE), también tuvo que echar al cabo de diez meses de nombrarlo a José Emilio Cervera, titular de Sanidad, después de que se supiera que junto a su esposa participaban en una empresa acusada de adjudicarse proyectos informáticos que éste había impulsado como responsable de Modernización de las Administraciones, entre 1995 y 1999, cargo para el que fue nombrado, por supuesto, por Zaplana.

Y otro conseller de triste recuerdo es José Luis Olivas, una cara nueva en aquel Consell de 1999, quien ocupó la vicepresidencia primera y fue su sustituto cuando aceptó el cargo de ministro de Trabajo con Aznar, en 2002. De ahí a Olivas el PP lo recolocó en Bancaja en 2004 y en los siete años que pasó en la entidad (acabando como vicepresidente de Bankia) se ganó el sobrenombre de «presidente de la ruina» por su pésima gestión. Como colofón, en enero de 2017 fue condenado a año y medio de cárcel por falsedad y delito contra la Hacienda Pública por falsificar una factura de 500.000 euros por servicios de asesoramiento en favor de Vicente Cotino (detenido también ayer), y sobrino del que fue conseller de Agricultura y presidente de las Corts, Juan Cotino.

Tío y sobrino

Y los Cotino, tío y sobrino, a través de la empresa Sedesa, cobraron, según denunció el PSOE, 800 millones de euros de la Administración entre 2000 y 2009. Comenzaron con Zaplana, quien les abrió las puertas del Palau, y acabaron con Camps. Todavía resuena la frase del gerente de la mercantil hace dos años cuando fue juzgado por un fraude de 4,4 millones con facturas falsas de Terra Mítica (el parque de Zaplana que costó 300 millones de inversión pública y se vendió en 65): «La primera máquina que entró en Terra Mítica era mía», y lo fue para hacer la explanación tras el famoso incendio que dio forma al parque de la mano de Proyectos Temáticos.

Zaplana tuvo suerte, si así se puede decir, en este segundo mandato porque sólo le explotó en las manos el caso Cervera y lo resolvió bien. Aunque, a la postre, éste fue absuelto y rehabilitado por el PP en 2009 al darle un puesto en la ya extinta CAM. Todo ello ayudó a que su sucesor en las elecciones, Francisco Camps, prácticamente reeditara su éxito en las urnas, con 48 diputados. Gobernó siete años sabiendo granjearse las amistades del PP valenciano, sólo así se entiende que nombrara a Vicente Sanz -presidente del PP de València y secretario del grupo parlamentario- como jefe de Personal de Canal 9 después de hacerse públicas unas grabaciones en las que aseguraba que estaba en política «para forrarse», algo parecido a lo que a él le pasó con el caso Naseiro, con escuchas anuladas por el juez. Y lo aguantó en el cargo pese a las acusaciones de listas negras de periodistas, clientelismo y manipulación informativa. A Sanz, al final, lo echaron tras once años las denuncias de tres periodistas por acoso sexual. Pero entonces el presidente ya era Camps.

Y qué decir de Pedro García, quien fuera su jefe de Prensa, que acabó dirigiendo el ente entre 2004 y 2009. Amigo del gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, «El Bigotes», aparece como uno de los implicado en la trama de sobornos de la Gürtel por la visita del Papa, en 2006. Ahí García se enfrenta a 40 años de cárcel por, entre otras cosas, el supuesto cobro de 500.000 euros. Y junto a él, entre otros, se sentará el propio Juan Cotino.

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