La polémica por las «ayudas a dedo» de la Diputación de Alicante por la que el PP mantiene en suspenso el último plan inversor de la institución provincial, dotado con 30 millones de euros, ha llegado hasta el Consell. El vicepresidente y diputado de Economía, Carlos Castillo, ha remitido una carta al director general de Administración Local, Toni Such, en la que reclama una reunión «a la mayor brevedad posible» para intentar implicar a la Generalitat Valenciana en el conflicto de estas subvenciones directas, conocidas como «ayudas a dedo», que se han incluido por valor de siete millones de euros en el Plan de Obras Financieramente Sostenibles, el último programa inversor de la Diputación para los pueblos de la provincia.

La misiva, que ya ha sido enviada, exige colaboración institucional al Consell para desatascar las inversiones en Alicante después de que Compromís presentara una demanda contra una de las ayudas directas de la Diputación -dotada con casi 800.000 euros para un polideportivo en Busot, donde es alcalde uno de los vicepresidentes de César Sánchez- que ha provocado la suspensión cautelar de la subvención en los tribunales para investigar si hubo un reparto desigual de los fondos provinciales. Para la Diputación la cita es urgente y tendrá como prioridad la financiación para las inversiones de los planes de obras. Su presidente, Cesar Sánchez, ya anunció esta semana que había dado orden a Castillo de convocar cuanto antes la mesa bilateral con la Generalitat para abordar el reparto de las «ayudas a dedo», consensuadas con el grupo socialista en la Diputación, y para que el jefe del Consell, Ximo Puig, llamara al orden a sus socios de Gobierno «por deslealtad institucional».

La mesa bilateral fue un acuerdo que salió de la primera y única reunión oficial entre el presidente del Consell y César Sánchez para fomentar las relaciones entre ambas instituciones después de dos años y medio sin apenas comunicación y en un clima de tensión. Hasta el momento no se había convocado. Esta semana ha sido clave para el futuro de las ayudas directas de la Diputación de Alicante, un asunto que ha hecho «pupa» a la imagen del equipo de gobierno de César Sánchez, que ha visto cómo su gestión por el reparto de subvenciones ha terminado en los juzgados. Las «ayudas a dedo» llevan de cabeza al PP en la Diputación, ya que es la primera vez que una formación política cuestiona el sistema de reparto en la institución provincial y que ha logrado llevarlas a los tribunales para que éstos entren en el fondo de la cuestión.

Los populares denuncian constantemente que Compromís tiene una doble vara de medir. La que aplica en Alicante, con una guerra abierta a las subvenciones nominativas por considerarlas partidistas, y la que aplica en el Consell y en la Diputación de Valencia, donde también hay líneas directas de subvención. La coalición defiende que han apartado las ayudas «a dedo» como sistema de reparto en la institución valenciana. El plan de obras sostenibles de la Diputación contempla siete millones en nominativas que para Compromís son innegociables: tienen que estar fuera del reparto de las obras. Así, la formación propone votar 24 millones en el pleno del día 23 y dejar esos siete millones fuera o integrarlos con otro sistema de reparto.

Tras abrir el Contencioso un procedimiento judicial y suspender la adjudicación de 800.000 euros a Busot de forma cautelar, el gobierno de César Sánchez retiró las ayudas a dedo en un pleno. Además de la de Busot, retiró otra a La Nucia y Mutxamel, donde también son alcaldes un vicepresidente y un diputado del equipo de César Sánchez. Sin embargo, el PP «coló» estas subvenciones en el último plan inversor, lo que no gustó a Compromís. Tras decidir la juez ir para adelante con este asunto, el PP ha decidido suspender el reparto de los 30 millones de euros a la espera de una resolución judicial. La colaboración institucional que el PP pide al Consell para abordar las ayudas «a dedo» pretende implicar a la administración autonómica en la polémica y hacerla partícipe de la solución o del problema al tiempo que le permitiría extrapolar el debate más allá de la institución alicantina.

Mientras tanto, Compromís ha empezado a llevar mociones contra el plan de obras a los ayuntamientos de la provincia en los que tiene representación. Defienden el plan inversor sin los siete millones de euros en ayudas nominativas y culpan a César Sánchez de bloquear todo el plan por no sacar del mismo ayudas que pueden ser irregulares. La respuesta de los socialistas en la Diputación ha sido pedir una junta de portavoces cuanto antes y reivindicarse como partido mediador en un conflicto que puede marcar el final del mandato.