Las ayudas «a dedo» en la Diputación de Alicante han quedado en manos de los tribunales. La decisión de la juez de continuar con la demanda presentada por Compromís y, por tanto, de entrar en el fondo del sistema de reparto de las subvenciones nominativas de la institución provincial ha puesto en entredicho una cuestión que va más allá de la adjudicación de casi 800.000 euros al pueblo de Busot. El equipo de gobierno en la institución provincial, en manos del PP y liderado por César Sánchez, anunció ayer que el Plan de Obras Financieramente Sostenibles de 2018 ha quedado en suspenso hasta que la titular del juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante emita un dictamen sobre la ayuda «a dedo» a Busot, lo que supondría hacer tambalear todo el sistema de reparto de nominativas en la Diputación o avalarlo.
Como ya informó este diario, el PP ha frenado el plan de sostenibles y las tramitaciones previas a su aprobación por el pleno una vez que la juez decidió seguir adelante con la demanda. «Por prudencia y teniendo en cuenta que se está pendiente de un dictamen judicial, se deja en suspenso el reparto de estas ayudas», indicó ayer el vicepresidente de la institución y diputado de Presidencia, Carlos Castillo, que añadió que la coalicion «intenta imponer un veto, desde su minoría, al funcionamiento de la Diputación y a un acuerdo adoptado en pleno y de forma mayoritaria entre PP, PSOE y EUPV», en relación al nuevo sistema de reparto de este tipo de subvenciones.
El PP entiende que Compromís ha bloqueado en los tribunales no solo la adjudicación directa de casi 800.000 euros a Busot, sino que ha puesto en jaque todo el sistema de ayudas nominativas, un argumento que los populares usarán para iniciar una batalla contra el Consell y la Diputación de València por las «ayudas a dedo» si finalmente la juez se pronuncia en contra del acto administrativo por el que se adjudicó la subvención para el centro deportivo de Busot, localidad donde es alcalde el diputado de Hacienda y vicepresidente de la institución, Alejandro Morant.
En lo que va de mandato, el plan de obras sostenibles se ha aprobado prácticamente por unanimidad. Pero la inclusión de las «ayudas a dedo» a Busot, La Nucía y Mutxamel ha llevado a Compromís a «reventar» el reparto de sostenibles y recordar que el gobierno puede ser acusado de desobediencia judicial si continúa adelante con la ayuda, suspendida de forma cautelar por el juzgado de lo Contencioso. La coalición propone sacar del plan de obras sostenibles, dotado con 30 millones, los siete millones correspondientes a las ayudas «a dedo» y, de momento, aprobar el resto por valor de 24 millones de euros.
Por otro lado, Alejandro Morant pidió el miércoles en una reunión del PP ante César Sánchez y los diputados que gobiernan en los otros dos pueblos donde Compromís cuestiona las nominativas -el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y de Mutxamel, Sebastián Cañadas- sacar a Busot del plan de obras para desbloquear la negociación, según aseguró el diputado. «Lo pedí como alcalde», señaló ayer a preguntas de este diario.
La cuestión de fondo es que las ayudas directas de la Diputación están en los tribunales y el PP ha tenido que suspender su tramitación a expensas de una resolución judicial que será fundamental para guiar el resto de adjudicaciones directas en la institución.
La batalla de Compromís con las nominativas saca de quicio a los populares, que argumentan que la coalición va en contra de una cosa en Alicante mientras hace otra en el Consell y en la Diputación de Valéncia. Lo repitió ayer Castillo y lo dijo un día antes César Sánchez. La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, respondió ayer que la institución valenciana ha «sacado el clientelismo» como método de reparto. La coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, emitió un comunicado para respaldar a sus tres diputados en Alicante por «poner fin al sistema clientelar y partidista». «La distribución de ayudas a dedo se hace en función del color político de los ayuntamientos», señaló Micó.
