La Intervención General de la Administración del Estado detectó numerosas irregularidades y una cronología «incoherente e imposible» en el expediente de publicidad institucional que el Ministerio de Vivienda adjudicó a Crespo Gomar por 126.208 euros en 2009 y del cual se sospecha que pudo servir para financiar de forma ilegal al PSPV-PSOE. Este expediente versó sobre la «realización de la creatividad y producción de la campaña institucional para difundir los contenidos del plan de vivienda 2009-2012».
Ese informe fue realizado por la Inspección a petición del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia y remitido posteriormente a Instrucción 24 de Madrid, que se ha hecho cargo de la investigación y que, en consecuencia, ha citado a declarar este viernes a tres imputados. Se trata de Rosario G.V. y Sandra S.F., respectivas presidenta y secretaria de la mesa de contratación, y José María A.G., el interventor que habría autorizado el pago y que formaba parte como vocal de esa mesa.
Licitación de «urgencia»
El expediente se licitó bajo la forma de «urgencia», declarada por el director del gabinete de la entonces ministra Beatriz Corredor, pero «más que una urgencia parece una imprevisión», sin que se cumplan las motivaciones para ello. Asimismo, no se hizo constar en el expediente el nombramiento de los miembros de la mesa de contratación, no se esperó a que las empresas subsanaran la información incorrecta para abrir la documentación técnica y se abrió la oferta económica sin disponer de los informes técnicos. Al respecto, la Intervención considera «grave» que se disponga de los criterios de valoración subjetivos antes de aplicar los matemáticos. Esta es una de las dos causas judiciales derivadas a los juzgados de Madrid por la presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc denunciadas ante la Policía por el PP. Aunque el delito electoral está prescrito y por tanto se ha archivado, la juez remitió a dos juzgados madrileños, a otro de Gancía y a otro de Benidorm supuestas irregularidades en la adjudicació de contratos y en una subvención. Además del juzgado número 24 de Madrid, hay otro tribunal de la capital investigando una pieza derivada de la causa archivada por la financiación. Se trata de la adjudicación de un contrato de Sanidad bajo el ministerio de Bernat Soria por la que se ha citado a declarar a la exdirectora general de Consumo y excandidata socialista a la Alcaldía en 2007, Etelvina Andreu.
