La supuesta financiación irregular del PSPV y la decisión de un juzgado de Instrucción de Madrid de investigarla le ha terminado estallando a los socialistas en la cara a un año de elecciones con las primeras imputaciones oficiales y, una de ellas, en relación a un excargo alicantino del Gobierno de Rodríguez Zapatero. El juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha acordado investigar parte de la presunta financiación del PSPV en relación a un concurso de publicidad concedido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la empresa de comunicación Crespo Gomar en 2008, por lo que el juez ha citado a declarar a dos exaltos cargos de este Ministerio, entre ellos, la excandidata a la Alcaldía de Alicante, Etelvina Andreu, quien hizo su campaña con la empresa investigada, Crespo Gomar, a quien luego adjudicó el contrato investigado.

El juez ha llamado también en calidad de investigada a la Secretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo. Ambas están citadas el próximo día 21 de mayo en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, según señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este mismo día también están llamados a comparecer dos componentes de la Mesa de Contratación, mientras que otros seis integrantes del mismo órgano lo harán el día 24 y el 30 del mismo mes.

Esta instrucción se suma a la también abierta en el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid por los mismos hechos pero relacionada directamente con la adjudicación pública que realizó el Ministerio de Vivienda a la misma sociedad en el marco del Plan de Vivienda 2009-2010 por la cantidad de 126.000 euros. Ambas investigaciones se realizan después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia se inhibiese a favor de los juzgados madrileños el pasado mes de enero. En el caso del Ministerio de Sanidad, el juez valenciano explica en su auto que la adjudicación pública por el importe de 184.138 euros a la empresa Crespo Gomar -que tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía- se hizo a través de la que fuera candidata a la Alcaldía de Alicante ahora investigada. El juzgado de València comenzó la investigación por los mismos delitos y otro electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una presunta financiación irregular del PSPV y Bloc -partido mayoritario en Compromís- entre los años 2007 y 2011. Este órgano judicial se declaró no competente y se inhibió a favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.

Fue el PPCV el que aportó documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007. En el auto de inhibición el juez de València explicó que pasaba la causa a los otros tres juzgados para que puedan continuar analizando otros hechos por si pudieran ser constitutivos de delito, como la compraventa de un local en Gandia por la Federación Valenciana de Fútbol subvencionada por el Ayuntamiento de esa ciudad; los «opinómetros» de Benidorm que el Ayuntamiento adjudicó en 2010 y las adjudicaciones del Ministerio de Vivienda a Crespo Gomar.

Este diario intentó ayer contactar con Etelvina Andréu, pero desde su entorno se dijo que no estaba disponible.