El reparto del último plan inversor de César Sánchez -treinta millones de euros- sigue en negociación después de haberse hecho a la carta para introducir las tres ayudas «a dedo» a los pueblos de sus vicepresidentes con las que Compromís, que llevó dos de ellas a los tribunales, no quiere tragar. Las reuniones con los distintos grupos la semana pasada antes del pleno para intentar alcanzar un pacto y aprobar sin votos en contra el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles terminaron en fiasco y continuarán todo este mes. La inclusión de siete millones en subvenciones directas, donde además de los tres pueblos de los diputados de César Sánchez se han previsto ayudas para otros doce municipios de distinto signo político, forzará la negociación con con la coalición de izquierdas, que ha pedido al presidente sacar del plan de sostenibles este dinero para repartirlo con criterios objetivos.
La clave está en que para que la carta guste a todos, con la ayuda a Busot incluida -que Compromís denunció en los tribunales y que una juez ordenó paralizar cautelarmente-, César Sánchez incluye municipios gobernandos por Compromís y PSPV, entre ellos el del portavoz de Compromís, Gerard Fullana, que es edil en Xaló. La pequeña localidad de La Marina Alta cuenta en el plan de sostenibles con 34.330 euros financiados al cien por cien por la Diputación, la misma financiación que la institución provincial otorga al polideportivo que Alejandro Morant, vicepresidente, diputado de Hacienda y alcalde de Busot quiere hacer en su población. En el caso de este último, la obra deportiva tiene un coste de 777.146 euros.
El historial de las nominativas
La ayuda a Busot fue, junto a la otorgada a La Nucía y Mutxamel, una de las que sembró más polémica en la oposición al considerar Compromís que no se cumplía con un reparto equitativo al ser cantidades altas, para obras no urgentes y financiadas al cien por cien. Esto llevó a la coalición a denunciar la adjudicación de las subvenciones «a dedo» en los tribunales. La polémica fue tal que el propio equipo de gobierno tuvo que retirar las ayudas tras la presión política y judicial después de que una juez suspendiera de forma cautelar la subvención a Busot. A partir de ahí, la oposición forzó un cambio de criterios en el reparto de nominativas, a partir del cual las poblaciones de Mutxamel y La Nucía, donde son alcaldes un diputado de César Sánchez y uno de sus vicepresidentes, ya no podrían hacer sus obras con financiación al cien por cien, ya que ésta se aplicaría únicamente a las poblaciones más pequeñas.
El PP retiró la semana pasada el recurso judicial contra la suspensión cautelar. Entienden quela causa ya no está judicializada y ahora han «colado» esas ayudas en el plan de inversiones sostenibles. Para que el resto de grupos acepte el envite el presidente ha colocado ayudas para otros doce pueblos, algunos ligados políticamente a los portavoces de la oposición. El menú sigue sin estar a gusto de todos, y aunque el portavoz del PSPV no ha mostrado reparos y acepta el plan de sostenibles, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, no quiere que se mantengan las ayudas directas por valor de siete millones y pide que éstas se repartan de forma objetiva, según manifestó a este diario. Fuentes de Presidencia aseguran que Sánchez está «abierto a escuchar», pero negaron que Fullana le haya transmitido directamente al presidente su desacuerdo en las nominativas.
En total, el Plan de Obras Financieramente Sostenibles cuenta con 30 millones en ayudas repartidas de la siguiente manera. En primer lugar, 14 millones destinados a los pueblos co un reparto basado en criterios objetivos y al que el PP en la Diputación ha llamado Fondo de Cooperación Municipal. A ello se suman otros tres millones de euros para los daños del temporal de finales de 2016. Hay otros 7 millones para incluir, como fue compromiso de Sánchez, a los municipios que se habían quedado fuera del Plan de Obras y Servicios de 2018, el mayor plan inversor de la Diputación. Y, por último, otros siete millones de euros en ayudas directas, entre las que están las tres «famosas» a los pueblos de los vicepresidentes por tres millones de euros y otras doce que alcanzan los cuatro millones. Con estas subvenciones «a dedo» se están quitando del reparto objetivo siete millones de euros, sin entrar en lo que se va para los pueblos del plan de obras y las lluvias. En este «pack» de nuevas nominativas un 65% de las ayudas van destinadas a pueblos con alcalde del PP.
Un plan con estrella
El plan de obras financieramente sostenibles se financia con el remanente de tesorería del año pasado. Fue uno de los planes estrella del presidente en 2016 y entre sus actuaciones más destacadas estaba la construcción de la primera fase de la vía verde Alicante-Elche con un carril bici ante la sede de la Euipo -anterior Oami- por alrededor de un millón de euros. En 2017 llegó el Plan Vertebra integrado en ese plan y este año se ha integrado el Fondo de Cooperación Municipal, una nomenclatura que no se corresponde con el transfondo del citado fondo, impulsado por el Consell, que consistía en un reparto al 50% con la Diputación de 28 millones de euros para que los pueblos lo invirtieran en las actuaciones que consideraran.
