El Consell ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat para que pueda solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la adjudicación de otro inmueble propiedad de uno de los condenados por el conocido como «caso Cooperación». Según ha explicado la vicepresidenta Mónica Oltra, el Ejecutivo trabaja para devolver a las arcas públicas el dinero malversado por el antiguo Consell, porque la gente «no solo quiere la consecuencia penal» de estos hechos, sino que se devuelva «hasta el último céntimo que se robó» en el conocido como «caso Blasco».
Se trata de un bien, integrado por piso, plaza de garaje y trastero, ubicado en la calle Carcaixent de Castellón, que fue propiedad de Marcial López, en su día presidente del patronato de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes). Este inmueble fue embargado en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo del 3 de junio de 2015, con la que se puso fin a la causa del llamado «caso Cooperación», referida al desvío de 1,6 millones en subvenciones destinadas al tercer mundo y de los que se apropió la trama ligada a Rafael Blasco, que cometió esta actividad delictiva durante su etapa como conseller de Camps y que hoy se encuentra en prisión.
