El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha cambiado el camino pero no el destino de la adjudicación de las polémicas ayudas «a dedo». El reparto a los pueblos de los vicepresidentes de la institución provincial sigue activo pese a la orden de una juez de suspender cautelarmente la adjudicación de la subvención a Busot para hacer un polideportivo, una de las tres ayudas que desataron tal revuelo político que hasta el propio PP las retiró a principios de año. El mandatario provincial ha incluido ahora las ayudas nominativas que desataron la polémica en la Diputación -destinadas a Busot, Mutxamel y La Nucía, donde son alcaldes dos vicepresidentes de César Sánchez y un diputado del PP- en el Plan de Obras Financieramente Sostenibles, dotado con más de 30 millones de euros.

En total, el equipo de gobierno destina siete millones de las sostenibles a ayudas nominativas. Entre los 15 municipios beneficiarios están las tres subvenciones de la polémica y de las que Compromís llegó a judicializar dos. La de Busot generó doble llamada de atención en la oposición al solicitar su alcalde, Alejandro Morant, vicepresidente de la institución y diputado de Hacienda, los fondos del Plan de Obras y Servicios a los que dijo que tendría que renunciar al ser su municipio destinatario de la nominativa para el polideportivo, dotada con casi 800.000 euros y financiada al cien por cien por la Diputación. El plan de obras para el mismo año también le fue otorgado. El trío de ayudas «a dedo» a los pueblos de los vicepresidentes y diputados de César Sánchez suma en total tres millones de euros, a los que habrá que añadir cuatro millones para repartir entre los otros 12 municipios. Las localidades que más financiación «a dedo» requieren son Mutxamel, La Nucía, Busot, Torrevieja y el más de un millón que se destina a la localidad de Xixona, de alcalde del PSPV.

La negociación política para lograr un consenso con la oposición y sacar adelante las sostenibles empezó ayer con la reunión de César Sánchez con los portavoces del PSPV y Compromís. También hubo conversaciones con el diputado tránsfuga Fernando Sepulcre, mientras que Sánchez se dejó fuera a la diputada de EU, Raquel Pérez, que tuvo que ser interrumpida a mitad del pleno de ayer por uno de los principales colaboradores del presidente Sánchez, Juan Bautista Roselló, que le dio la documentación en mano. De momento el voto de la oposición sigue en el aire, y Compromís ha manifestado su negativa a sacarlo adelante mientras existan los siete millones para las nominativas. Los 30 millones para las obras financieramente sostenibles incluyen los 14 millones de euros destinados al Fondo de Cooperación Municipal del Consell.

Después de la reunión con los portavoces tuvo lugar el pleno de la Diputación, donde se aprobó con el único voto en contra de EU la adjudicación del contrato de la limpieza de edificios públicos de la institución a FCC por ocho millones de euros. También se aprobó una declaración institucional contra la sentencia de «La Manada», previo rifirrafe con el PP por no avalar la palabra «repulsa» en virtud del «respeto al poder judicial».