Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

«Cuando denuncias corrupción la respuesta es el acoso»

Los dos funcionarios con estatus de protegido relatan a INFORMACIÓN que sufrieron represalias en sus ayuntamientos de Poble Nou de Benitatxell y Benidorm

«Cuando denuncias corrupción la respuesta es el acoso»

El día que sospechó que le habían falsificado la firma empezó a tirar de hilo. Descubrió que una constructora negociaba con bancos adelantos de cobro de obras municipales que ya se habían liquidado y trabajos que todavía no le habían adjudicado. Tres bancos distintos le adelantaban dinero.

Cuando pidieron la firma del secretario municipal para avalar el endoso alguien en el ayuntamiento falsificó la firma del funcionario para poder mantener esa práctica. «Era la empresa bonita del régimen», recuerda el secretario-interventor del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell, el primer empleado público con estatus de protegido por parte de la agencia contra el Fraude y la Corrupción.

Denunció a una concejala y el asunto sigue en los tribunales. La respuesta de la edila fue promover un expediente de suspensión de empleo y sueldo.

Jesús Castro, que así se llama, telefoneó a la recién creada agencia antifraude. Hacía días que las Corts habían elegido al primer director. Al otro lado del teléfono respondió Joan Llinares, entonces único trabajador de una agencia en pañales. Se reunieron en agosto y en noviembre ya estaba lista la primera orden de protección. Las periciales atestiguan la falsificación. «Cuando un funcionario denuncia la corrupción suelen sacudirlo, la respuesta es el acoso», resume el afectado, aunque en su caso el alcalde de Benitatxell salió en su defensa. La orden de protección no deja dudas. Llinares advierte de que Crespo está protegido y cualquier acto de intimidación o represalia que pudiera perturbar su vida profesional o personal puede acarrear hasta 400.000 euros de multa.

«La agencia da una seguridad, el que se atreva a tocarte está jugando con fuego», explica el funcionario a INFORMACIÓN.

El segundo funcionario con estatus de protección también fue víctima de un expediente de suspensión de empleo y sueldo. Su nombre es Justo López, trabaja en el Ayuntamiento de Benidorm y la represalia fueron tres años de sanción, aunque un juez la paralizó.

Cuando la agencia le aplicó protección como denunciante, el ayuntamiento recurrió la orden de Antifraude. Pero la ley blinda la figura y el recurso municipal no tiene efecto alguno.

Este diario ha contactado con Justo López, el segundo protegido. No quiere hacer declaraciones.

Era el criminólogo municipal y responsable del programa de trabajos en beneficio de la comunidad. Denunció que seis funcionarios se habían aprovechado de estos penados. A uno de ellos le obligaron a pagar 1.500 euros y a otro, que era mecánico, a reparar coches particulares.

En total, nueve funcionarios de la Comunidad Valenciana han solicitado a la agencia Antifraude protección en medio año. Los dos mencionados ya la tienen concedida.

«Por si alguien intentaba algo contra mí preferí solicitar la protección», explica el funcionario de Benitatxell, que da a conocer su caso para promoción de la agencia. «Yo soy habilitado estatal y tengo un poco más de escudo pero a un auxiliar de un pueblo se lo funden», explica con claridad.

Ahí es donde campa muchas veces la corrupción. En los pueblos pequeños secretario e interventor es la misma persona, incluso en ocasiones también el tesorero, lo que facilita las presiones.

Defensor del Denunciante

«La corrupción es como un molde, siempre se repite», afirma un conocedor de los hechos que mantiene el anonimato. La agencia siempre reserva la confidencialidad al denunciante porque la denuncia siempre molesta y crea enemigos poderosos. Las represalias existen. Por eso la figura del defensor del denunciante, inédita hasta ahora en la Comunidad Valenciana, explica la irrupción de funcionarios con ganas de denunciar corruptelas. Europa empieza ahora a legislar sobre esta cuestión.

«El mero hecho de que la agencia exista ya tiene un efecto preventivo y disuasorio», señala el director de la agencia valenciana. Llinares sabe de lo que habla. Contribuyó a destapar el caso Palau, la institución catalana que ayudó a financiar Convergència y también administró el IVAM justo tras la salida de Consuelo Císcar.

Dos figuras son cruciales para que se respete a la agencia. El estatuto del denunciante y una capacidad sancionadora, con multas desde 200 a los 400.000 euros. La agencia es referente en España.

«Que el denunciante tenga la tranquilidad de la protección normalmente debería animar a que se presenten más denuncias», dice. «Es muy difícil que te hagan caso si no existe una capacidad sancionadora», añade.

«No es habitual que los mecanismos de control hayan funcionado», explica Fernando Urruticoechea en el documental La corrupción: el organismo nocivo, que esta semana se ha proyectado en Castellón y Alicante y el 28 de mayo en València con una conferencia del exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Urruticoechea, que pasó por los Ayuntamientos de Orihuela y Crevillent, es uno de los habilitados nacionales que más corrupción ha destapado. La proyección es una actividad de concienciación. La siguiente formar funcionarios para frenar al organismo nocivo de la corrupción.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats