Un informe elaborado por la dirección del PSPV sobre una supuesta financiación irregular en las elecciones de 2007 reconoce la existencia de dos donaciones irregulares y mal tramitadas para la campaña de los socialistas en Benidorm. De acuerdo con el estudio elaborado por la cúpula del partido, la empresa de un hospital privado de la localidad turística -Hospimar 2000 SL- y una franquiciadora de restaurantes de Burger King -Quick Meals- pagaron servicios, respectivamente, por importe de 11.000 y 6.000 euros. a través de un sistema, admiten desde el PSPV, que no se ajusta a la normativa. Esas cantidades se tendrían que haber contabilizado como donación directa y en efectivo para garantizar su transparencia. «Es una tramitación deficiente. Pero no hubo delito», tal y como explicó la diputada Ana Barceló, responsable del área jurídica de la dirección del PSPV y encargada de presentar este informe junto al vicesecretario general, Manolo Mata, que presidió la reunión en ausencia de Ximo Puig.

Las empresas abonaron directamente las facturas con gastos de campaña de los socialistas en Benidorm. En aquellos comicios, como se recordará, la candidatura del PSPV la encabezó Agustín Navarro. El mandato desembocó en 2009 con una moción de censura con el respaldo de un tránsfuga y con todos los concejales del PSPV fuera de la disciplina del partido para esquivar una posible sanción, una maniobra que les permitió volver y a Navarro, hoy diputado provincial, liderar otra vez esa lista en 2011. El documento viene a señalar que en Benidorm se han detectado la existencia de dos donaciones de empresas del municipio -las mencionadas Hospimar 2000 SL y Quick Meals- por un total de 17.000 euros a través de un sistema «incorrecto». Pero se habría verificado que esas firmas «no han recibido trato de favor alguno por parte de la Administración», según consta en las conclusiones. Como se recordará, el juez ha terminado por archivar el delito electoral que afectaba a la financiación del PSPV y también del Bloc -principal fuerza de Compromís- pero, sin embargo, ha abierto cuatro piezas -dos en Madrid, otra más en Gandía y una cuarta en Benidorm- por las adjudicaciones posteriores de las que se pudieron beneficiar esas sociedades. Sobre esos procedimientos judiciales, el documento no se pronuncia y lo deja en manos de los tribunales.

En su comparecencia, Manolo Mata explicó sobre estas donaciones de Benidorm que esas personas querían colaborar con el partido antes de la campaña electoral de 2007 y «alguien» le dijo que podían hacerlo pero que «a lo mejor optimizaba fiscalmente si pagaba algún gasto del partido», lo que calificó como «una vía equivocada». Estas donaciones, indicó Mata, «no eran ni son ilegales, pero están deficientemente tramitadas». Llama la atención que el documento aflore aportaciones irregulares en Benidorm pero, por contra, exima de cualquier responsabilidad a la campaña de Gandía -epicentro de la trama en tanto que era la ciudad en la que estaba ubicada la empresa Crespo Gomar- con una candidatura encabezaba por José Manuel Orengo, hoy con despacho en Presidencia como uno de los asesores del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Más allá de estas facturas sobre la campaña de Benidorm, el informe, de nueve páginas, concluyé que los gastos electorales de aquellos comicios autonómicos, con Joan Ignasi Pla de candidato a la Generalitat, llegaron a casi un millón de euros, todos justificados y sin irregularidades según la Ley Electoral Valenciana. El informe, aprobado por el Secretariado de la comisión ejecutiva nacional, recoge que el PSPV abonó a Crespo Gomar SL un total de 400.504 euros en 2007 -en este año 70.000- y 2008, de los que 180.000 corresponden a la organización del congreso que eligió a Jorge Alarte como secretario general. «Nadie ha tomado una decisión que sea delictiva antes y que haya prescrito ahora, nadie ha articulado una trama, y no hay responsabilidades personales», zanjó Manolo Mata.

Los datos de este informe se conocen, además, después de una semana durísima para el PSPV como consecuencia de la crisis municipal de Alicante. Fuentes socialistas, de hecho, ligaron esta presentación con un intento de «tapar» la bronca política en la capital alicantina. Cargos del partido recuerdan la vinculación política de la mencionada Ana Barceló con Ángel Franco, el hombre que controla la agrupación de la capital. En la reunión de la ejecutiva, de hecho, no hubo ni un comentario sobre la situación de Alicante, colectivo socialista con más afiliados y la alcaldía más importante con la que contaba el PSPV. Y hoy se reúne el máximo órgano entre congresos de los socialistas valencianos. Se ha retirado del orden del día el reglamento de organización. Pero los «sanchistas» quieren apretar pidiendo la división de Alicante en distritos, en la práctica, una gestora. Continúa la batalla.