La protección otorgada a un funcionario de Benidorm por la Agencia Valenciana para la lucha contra el Fraude y la Corrupción -una de las dos únicas que el organismo autonómico ha concedido desde su creación a trabajadores de la administración- ha encontrado el rechazo del alcalde de la localidad, Toni Pérez. El primer edil ha recurrido la resolución de la agencia emitida el mes pasado para conceder al criminólogo de Benidorm el estatus de denunciante. En un decreto al que ha tenido acceso este diario, Pérez solicita la retirada del citado estatus al trabajador mediante la «suspensión de la eficacia» de la medida.

En el mismo, se pide al organismo que dicte otra resolución y especifica que la corporación municipal «goza de autonomía para la gestión de sus intereses». Sin embargo, la petición del alcalde no ha tenido efectos en la Agencia Antifraude. Fuentes del organismo autonómico aseguraron ayer que la agencia considera que el documento remitido por Benidorm carece de razón de ser y que la resolución de la agencia sigue vigente. Es más. El organismo, que el Consell creó a propuesta de Podemos, se plantea llevar a cabo «medidas correctoras» en el Ayuntamiento si se menoscaba el día a día laboral del criminólogo.

Este funcionario, que se encargaba de la gestión y destino de los condenados a penas en beneficio de la comunidad, denunció en 2015 irregularidades por parte de funcionarios en el cementerio municipal, donde algunos de los penados cumplían su condena. Este trabajador confirmó ayer que ahora sigue trabajando porque así lo decidió un juez, ya que el equipo de gobierno respondió a sus denuncias suspendiéndole tres años de empleo y sueldo, una medida que recurrió en los tribunales, que de forma cautelar permitieron su reincorporación al trabajo. El trabajador contactó con la agencia antifraude tras el auto judicial al considerar que la medida respaldaba su situación. Explicó que denunció irregularidades de funcionarios respecto a los penados que cumplían con los trabajos en beneficio de la comunidad en el cementerio, en Deportes y en Servicios Técnicos. Es por ello que suspendió estos tres destinos del total de 50 que hay para cumplir estas penas. Aseguró que hay un funcionario ya condenado por un juez por apropiarse de 1.500 euros de un penado extranjero que todavía sigue trabajando.

El estatus de denunciado otorgado al criminólogo de Benidorm es una figura no jurídica que supone la protección de la agencia a la hora de velar por las posibles represalias que los denunciantes puedan tener de sus superiores por dar el «chivatazo». Desde la creación de la agencia solo se han concedido dos, ambas en la provincia de Alicante. La segunda se le ha dado al secretario-interventor de Benitatxell, quien denunció la falsificación de su firma en pagos por valor de 500.000 euros.