Si Milagrosa Martínez, la expresidenta de la Cortes y exconsellera de Turismo condenada a 9 años de prisión por amañar contratos de Fitur en beneficio de la red corrupta Gürtel, albergaba alguna esperanza en la vista que ayer se celebró en el Tribunal Supremo para valorar su recurso de casación y el de los otros diez condenados en este proceso, el desarrollo de la sesión no le deparó a ella, ni al resto, muchos motivos para la alegría.
La Fiscalía, quien no había interpuesto recurso contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de la Comunidad, sí aprovechó su turno en la impugnación de los presentados por las defensas para arremeter con especial dureza contra la exalcaldesa de Novelda, a la que situó a la cabeza de la trama criminal auxiliada en todo momento en su actividad delictiva por los cuatro técnicos de la Generalitat también condenados, con los que tampoco tuvo miramientos y para los que pidió un incremento de las penas de cárcel de en torno a los dos años. Un aumento que en el caso de la exregidora únicamente le afectaría, de así acordarlo el tribunal, para incrementar los 27 años de inhabilitación a los que está condenada.
«Tomaba las decisiones»
Fue al exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, que ayer se estrenó en el Supremo en una vista de estas características, quien arremetió sin piedad contra el expresidenta de la Agencia Valenciana de Turismo, de la que dijo que «tomaba las decisiones y autorizó que la trama de Correa cobrara cantidades que no debían procedentes de fondos públicos».
Frente a una solvente defensa de la inocencia de la exconsellera de la que se ocupó el abogado José María López Coig, basada en la falta de pruebas que la incriminaran en los delitos de prevaricación y malversación por los que fue condenada, el acusador público fue tan letal como telegráfico. Había una relación fluida entre Álvaro Pérez y la expolítica popular (su abogado recalcó que en tres años y medio sólo compartieron un menú de 9 euros), cambió el modo de contratar nada más llegar a la conselleria, de la que era la máxima responsable al igual que de la Agencia Valenciana de Turismo, facilitando esos amaños y recibió un reloj de la trama, lo que le valió otra condena por cohecho aunque solo se habla del regalo, precisó el letrado, para decir que le van a comprar otro a su sucesora, Angélica Such, quien salió absuelta de estos hechos. Algo que López Coig considera una «agravio comparativo» dado que «es la misma prueba pero valorada de distinto modo».
Más duro que con los miembros de la red Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, actualmente en prisión provisional tras haber sido condenados a una media de 13 años por estos hechos, el acusador público rebatió que él único delito de los técnicos condenados (Rafael Betoret, Jorge Guarro, Isaac Vidal y Ana Grau) hubiera sido mirar hacia otro lado. De estos trabajadores públicos (que se enfrentan a penas de hasta siete años de prisión si no hay incremento) aseguró que fueron «cooperadores absolutamente necesarios de una trama criminal permanente reiterada en el tiempo que se dedicó a falsear las arcas públicas. No hubiera sido exagerado que el tribunal les hubiera incluido en la red», agregó el fiscal antes de describir la Agencia Valenciana de Turismo como «un servicio público en manos privadas» donde los técnicos ahora condenados trabajaban para Correa y sus hombres. Una actuación en la que, a los efectos de la condena, precisó que hay que tener en cuenta el «daño enorme al prestigio» y el «entorpecimiento a un servicio público» que provocó.
Hizo también una mención especial el fiscal a quien fuera jefe del gabinete de la consellera, Rafael Betoret, cuyo abogado alegó que quien ya había sido condenado por los trajes de Camps no podía ser ahora castigado también en otra pieza de Gürtel. «Si aquel proceso no se hubiera separado de este la pena no habría sido una multa sino la cárcel, porque habría quedado claro el motivo por el que se le regalaron los trajes», espetó el acusador.
De Betoret y de su entonces superiora agregó Zaragoza que tenían «una especial relación con la trama de Correa» y que «favorecieron la distracción de fondos públicos». Y apostilló: «Esas relaciones de amistad más el peso político posibilitaron las contrataciones Orange Market». Unas adjudicaciones «dirigidas por los hombres de Correa en connivencia con los funcionarios públicos de las que la autora es Milagrosa Martínez, que es quien decide, lo que no excluye la participación del resto. Esto es algo más que una simple desviación de poder», concretó.
Repetir el juicio
El fiscal rebatió también, aunque con menos firmeza, el planteamiento realizado por Javier Vasallo, el abogado de Álvaro Pérez, de que el juicio debe repetirse dado que magistrados del tribunal habían intervenido previamente en la resolución de recursos, por lo que estarían contaminados. Y la defensa de Correa y Cándido Herrero, el letrado valenciano Juan Carlos Navarro, habló de «irregularidades» en relación a las escuchas por parte de la Policía «en la que cada vez se delega más para que hagan informes que no les corresponden», dijo.
