31 de marzo de 2018
31.03.2018

Los «opinómetros» de Gandia y Benidorm son uno de los ejes de la investigación por corrupción

La instalación corrió a cargo de dos empresas, Infonova en la Safor y Opinomedia en la Marina, esta última ligada a José Ramón Tiller, jefe de gabinete de Orengo y trabajador de Crespo Gomar

31.03.2018 | 11:31
Los «opinómetros» de Gandia y Benidorm son uno de los ejes de la investigación por corrupción

Las polémicas máquinas se pagaron con dinero del Plan E de Zapatero

Una de las patas de la investigación por presunta malversación, prevaricación y falsedad cometidos presuntamente por el PSPV y Bloc entre 2007 y 2011 y su empresa de comunicación de cabecera se centra en la instalación de los «opinómetros» en Gandia y Benidorm. Se trata de unas máquinas interactivas para testar la opinión ciudadana en la que los ayuntamientos de ambas ciudades se gastaron alrededor de 451.000 euros al calor del dinero que inyectó a partir de 2009 el conocido como Plan E del Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero.

La polémica ha rodeado a estos particulares termómetros de la opinión ciudadana desde su instalación en las capitales de la Safor y la Marina Baixa. Los tres primeros «opinómetros» se colocaron en una prueba piloto en la Fira de Gandia de 2009. La instalación corrió a cargo de OpinoMedia SL, una empresa con sede en Gandia creada el 10 de junio de 2009 por cuatro socios, entre los que figuraba Josep Ramón Tiller y Alberto Gomar. El primero, Tiller, fue jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Joan Lerma y de los exalcaldes de Gandia, Pepa Frau y José Manuel Orengo (actual asesor del jefe del Consell, Ximo Puig). Tiller fue gerente de Imelsa, tras la catarsis del caso Taula, y actualmente es responsable de expansión internacional y comunicación de la empresa pública Egevasa, dependiente de la Diputación de València.

El segundo, Gomar, fue uno de los propietarios de la empresa Crespo Gomar SL, la mercantil de cabecera del PSPV-PSOE y el Bloc durante la campaña electoral de 2007 que ahora investiga la Justicia por malversación, falsedad y prevaricación, ya que el presunto delito electoral cometido habría prescrito. Tiller también trabajó para Crespo Gomar SL desde noviembre de 2007 hasta 2009. Curiosamente, la empresa pública para la que ahora trabaja Tiller aparece como financiadora de alguno de los actos electorales del Bloc en la campaña de 2007.

La empresa creada por Tiller y Gomar, OpinoMedia SL, se dedicaba a los sistemas de medición de la opinión ciudadana online en tiempo real y sistemas de marketing digital 2.0, según la base de datos mercantil. Tiller justificó ayer, en conversación telefónica con Levante-EMV, la elevada inversión que requerían porque «los equipos eran muy costosos». Y añade que su empresa trabajó con gobiernos de todo el espectro político. «Instalamos 'opinómetros' en Málaga, Ciudad Real, Bermeo, Marrachí y Benidorm que estaban gobernados por el PP, el PNV y también el PSOE». Igualmente defendió la «legalidad» de todos estos concursos y la utilidad de la información obtenida en cuestiones tan variopintas como «deportes, cultura, festividades...». Tiller asegura estar «absolutamente tranquilo» a pesar de estar relacionado directamente con dos de las empresas investigadas judicialmente (Crespo Gomar y OpinoMedia), que abandonó y cerró en 2009 y 2010, respectivamente. «Y que me costaron un piso y 30.000 euros, por un préstamo que no se pudo pagar», añadió a Levante-EMV.

Respecto a los polémicos «opinómetros», en el caso de Benidorm se instalaron un total de 19 en diferentes edificios públicos a través de un contrato que se adjudicó el 7 de julio de 2010 por 223.880 euros dentro del plan E, además de otros 31.390 para su puesta a punto y una cantidad similar, en torno a 30.000 euros, para el pago del personal encargado, por lo que el coste rondó los 288.000 euros, prácticamente a 15.000 euros por dispositivo.

En Gandia costaron unos 163.000 euros, una diferencia de precio que estaría siendo investigada. Los tres primeros se instalaron de manera experimental en la Fira de Gandia en 2009, a través de un contrato menor adjudicado por el área de participación ciudadana. El resto fueron instalados por Infonova Consultores, sin aparente relación con Crespo Gomar SL y Opino Media SL (que perdió el concurso en Gandia), aunque fuentes socialistas admitieron ayer Levante-EMV que estaba relacionada con las anteriores empresas.

Los contratos de los «opinómetros» se adjudicaron por la concejalía de Participación Ciudadana controlada por Plataforma per Gandia, cuyo concejal, Javier Soldevilla, acabó de asesor del exalcalde, Arturo Torró.

El exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, se mostró ayer convencido de que «todo se hizo con arreglo a las normas y que los procedimientos de contratación fueron correctos».

Aunque los «opinómetros» no fueron un buen negocio, al menos para los ayuntamientos. Varios meses después de su puesta en marcha, la mayoría ya se encontraba fuera de servicio, aunque en algunos casos se aprovecharon para reconvertirlos en terminales para el pago de tasas. El coste para mantenerlos en funcionamiento era tan elevado que los ayuntamientos decidieron no renovar su mantenimiento.

Comité de ética de Egevasa

Mientras, la empresa pública mixta de la Diputación de Valencia Egevasa ha convocado a su Comité de Ética la próxima semana para analizar la presunta financiación irregular del PSPV y el Bloc entre los años 2007 y 2011. El comité es el órgano supervisor encargado de velar por el buen funcionamiento de la organización.

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