A punto de cumplirse un año del congreso regional del PPCV en el que se bendijo a Isabel Bonig como presidenta del partido, algunas de las iniciativas en materia de lucha contra la corrupción incluidas en los nuevos estatutos siguen pendientes. La más importante es la denominada oficina del cargo popular, un organismo de nuevo cuño que quedó plasmado en los nuevos estatutos del PP nacional aprobados en febrero de 2017 y que la organización valenciana incorporó a los suyos dos meses después. Con esta oficina anticorrupción, Rajoy quiso enviar un mensaje de lucha contra la corrupción y tratar de la lavar la imagen de un partido asediado por diversos escándalos, muchos de ellos originados en el territorio de esta Comunidad.
Consciente del daño a la marca, Bonig y su equipo concibieron el congreso regional celebrado en abril como un punto de inflexión, el momento de dejar atrás una etapa marcada por los escándalos de corrupción y trabajar por un nuevo partido totalmente renovado. De hecho, el PP de la Comunidad ha sido implacable a la hora de aplicar las líneas rojas a sus dirigentes y Bonig ha rodeado de una ejecutiva sin dirigentes «contaminados». Era el congreso para lanzar un nuevo PP vacunado contra la corrupción y dispuesto a no caer en los errores del pasado.
De ahí que en los propios estatutos no sólo se incluyeron los instrumentos nacionales, como la mencionada oficina, sino que se incorporó un código ético más severo que el nacional y se crearon otras herramientas y figuras, como el plan de prevención y el compliance del PPCV, la persona que debía velar por que toda la organización territorial del partido, incluido sus representantes políticos e institucionales, empleados o agentes vinculados, cumplen con el marco normativo. La ejecutiva de Isabel Bonig dice que se coordinará con Génova.
