La renuncia del alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, en sus aspiraciones a suceder al diputado provincial Miguel Zaragoza -investigado por presuntas irregularidades en la gestión de una clínica en Gran Alacant- solo estuvo en la imaginación de la cúpula popular. La dirección del partido le pidió el lunes a Ramírez que se negara a continuar en el primer puesto de la lista para sustituir al titular de Bienestar Social en la Diputación de Alicante y facilitar, de esta manera, su salida. El regidor de San Fulgencio -que está condenado por un juez a ocho años de inhabilitación- tiene claro que no va a hacer realidad el deseo de su expartido, al que perteneció durante 28 años, y que seguirá siendo el suplente primero de la lista del PP por el partido judicial de Elche.

Carlos Ramírez indicó ayer a preguntas de este diario que «España es un Estado de Derecho donde una persona no tiene por qué ser condenada hasta que no exista una condena en firme». «Por ello no voy a renunciar a una posible toma de posesión del acta. De verdad que siento lo ocurrido a Zaragoza, pero si me toca entrar entro», afirmó. El primer edil tiene recurrida su condena por prevaricación e insiste en que solo dejará sus cargos públicos en el caso de que la Audiencia Provincial se pronuncie en contra de su recurso sobre la condena judicial previa que le impone ocho años de inhabilitación por prevaricar en el caso de la creación de una empresa pública en San Fulgencio que gestionaba las escuelas deportivas municipales. Sacar a Miguel Zaragoza para meter al alcalde de San Fulgencio es algo que los populares no quieren hacer pese a que Carlos Ramírez ya no forma parte del partido. Lo abandonó cuando se vio envuelto en la causa judicial por la que fue condenado en primera instancia.

La postura de Carlos Ramírez da como resultado el estiramiento del problema que tiene el PP en la bancada del grupo popular en la institución alicantina, que se expande a su vez a la imagen de la formación a menos de año y medio para elecciones. Cambiar a un investigado por un condenado no tiene razón de ser, según aseguraban ayer desde el PP provincial distintas fuentes, que destacaban a su vez que la presunción de inocencia sobre Zaragoza dice ahora mismo más que la de Ramírez, sobre el que ya pesa una condena en su contra.

La jugada del cambio no es ahora mismo factible para el PP, que rogó el pasado lunes a Ramírez que renunciara a la suplencia para poder sustituir a Zaragoza con el siguiente de la lista, el portavoz del grupo municipal en Catral, Joaquín Lucas. Desde la cúpula del PP se percibe que el partido está atado de pies y manos, ya que cambiar a Zaragoza por Ramírez es perder la mayoría en la Diputación y mantenerlo es darle munición de la buena a la oposición debido a que el propio PP de la provincia de Alicante acordó que los imputados -ahora llamados investigados- no puedan ocupar cargos públicos. El pasado lunes, Compromís ya aprovechó el pleno de la institución para exigir la dimisión del diputado imputado.

Esta línea roja que ahora se tiene que «comer» el PP con Zaragoza supuso adelantar la salida de los imputados de la vida política al momento de la citación judicial sin esperar a la apertura de juicio oral, como tienen otros partidos, incluso el PP en otras comunidades autónomas. La medida afecta solamente a los cargos investigados por corrupción, lo que extendió la coletilla de «tema administrativo» entre los distintos partidos para diferenciar las investigaciones por malas prácticas en la administración pública de otras directamente ligadas a la malversación, desviación o de la apropiación de dinero público.