«Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades». Alberto Fabra pronunció en enero de 2012, en el fragor de los recortes, el déficit y la recesión, una de esas frases que esculpen una legislatura. Ese afán de grandilocuencia política, traducido en proyectos superlativos, entes sobredimensionados y construcciones megalómanas, todo ello desarrollado habitualmente a través de empresas y entidades públicas, tiene una aproximación en dinero: 9.610 millones de euros, de acuerdo con datos aportados por la Conselleria de Hacienda a preguntas de este diario.
Esa es la deuda del sector público que ha tenido que asumir la Generalitat; los pufos, en lenguaje coloquial, procedentes de la estrategia de centrifugar deuda que aplicaron los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps.
La crisis económica empezó a destruir aquel castillo de naipes y el resultado es que desde 2012 la Generalitat ha rescatado deuda de una treintena de entidades del sector público por tres vías.
La principal ha sido asumirla directamente en virtud de los decretos que Fabra aprobó en los momentos más duros, acuciado por la Unión Europea y el Gobierno central (entonces sí exigían claridad en las cuentas) y por los propios bancos, que desconfiaban de la solvencia de empresas públicas, fundaciones y demás organismos y preferían que sus cuartos dependieran directamente de la Generalitat.
Otra fórmula ha pasado por hacerse cargo de los vencimientos de créditos utilizando dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Una tercera vía ha sido asumir las facturas de los proveedores mediante el citado FLA y el Plan de Proveedores, mecanismos de liquidez dispuestos por el ejecutivo de Mariano Rajoy para evitar el colapso financiero de las autonomías en peor situación económica.
Para hacerse una idea, los 9.610 millones referidos son la mitad del presupuesto total de la Generalitat de este año, que es de 19.956 millones incluido el gasto financiero (sin este último, son 15.224 millones). Otro punto de comparación: la cantidad daría para construir siete complejos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias y todavía sobraría dinero. La inversión en esta obra fue de casi 1.300 millones, incluidos los populares sobrecostes.
Reparto de la deuda asumida
La suma citada es una parte fundamental de la mochila que lastra las cuentas de la Generalitat cada año. El coste en intereses y amortización de la deuda total de la Generalitat (casi 45.000 millones) asciende ya a 5.157 millones en 2018. Eso significa que es la segunda conselleria: solo Sanidad tiene más recursos hoy por hoy.
En concreto, la deuda asumida directamente por el Consell desde 2012 y hasta el 31 de enero de este año alcanza los 4.816,3 millones. Los agujeros más importantes han estado en Ciegsa, la empresa pública para la construcción de colegios cuyas adjudicaciones están ahora bajo investigación judicial; la desaparecida Radiotelevisió Valenciana (RTVV), con cerca de 1.100 millones; el gestor de Transportes y Puertos (casi 400 millones), y la Sociedad de Proyectos Temáticos (381,6 millones), organizadora de la Volvo Ocean Race de Alicante y rescatada hace diez días por el Consell del Botànic con 191 millones más para garantizar su continuidad.
Son solo los primeros de la lista del rescate, en la que también se incluyen las universidades, con más de 270 millones, y las ferias. Solo la de València ha supuesto un boquete de 480,8 millones.
El Instituto de la Vivienda (Ivvsa) con 141,8 millones, el Circuit del Motor (52 millones), la Ciudad de las Artes y las Ciencias (28 millones), el aeropuerto de Castellón (18,5 millones), Castelló Cultural (60,5 millones) o Teatres (3,3 millones) son otros de los contribuyentes al estado crítico de las cuentas, saldado con el trasvase de las citadas cantidades a los números rojos del Consell.
De ese pesado saco de casi 10.000 millones, el Gobierno del Botànic ha asumido o pagado más de 2.000 millones. Pero aún quedan piedras en la mochila. Según las cifras de Hacienda, en el sector público valenciano quedan deudas por más 1.922 millones de euros pendientes de asumir por la Generalitat. La resaca de los tiempos de «fiesta» es duradera.
