El uso de empresas públicas para financiar proyectos mediante deuda fue la forma de esquivar que gran parte de ese endeudamiento computara en los balances de la Generalitat (si las entidades tenían otros ingresos, el agujero solo contaba en sus cuentas). Una estrategia que, se dijo, no iba a penalizar a la Administración autonómica ha dejado una hipoteca que se arrastra. No se trata solo de intereses y amortizaciones, sino del coste en la reputación a la hora de reivindicar ante el Gobierno central y el resto de autonomías una financiación justa. El actual Consell admite el despilfarro, pero junto a él hay una infrafinanción desde 2002 por 20.000 millones.
