Los hechos que llevaron al alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, y al exedil de Deportes al banquillo de los acusados sucedieron entre 2011 y 2014. El magistrado consideró probado que el servicio de escuelas municipales se prestaba hasta entonces a través de un contrato suscrito con una empresa y fue en 2011, con la llegada al poder del grupo popular, cuando el edil de Deportes ideó otra forma de gestión consistente en elegir directamente, sin publicidad, a una serie de personas próximas al equipo de gobierno para construir un club deportivo bajo su control y supervisión que recibía subvenciones municipales. Según el fallo, el alcalde mostró su plena conformidad con esa propuesta y juntos impulsaron una actuación «arbitraria, desviada y manifiestamente ilegal». Estos hechos ratificados por un juez en una sentencia que Ramírez tiene recurrida le llevaron a abandonar el PP, pero mantuvo su cargo como alcalde. Ramírez es el suplente primero en la Diputación y solo el fallo de la Audiencia Provincial sobre el recurso que presentó podría apartarle durante ocho años de la primera línea política si éste confirmara el fallo del juez de Instrucción que le condenó previamente. Ahora la suerte del PP en la Diputación depende de los tiempos y de que la Justicia se pronuncie sobre el recurso de Ramírez. Mientras tanto, Zaragoza seguirá en la Diputación y el PP no lo apartará para dar paso a un exmilitante que se iría al grupo de no adscritos y dejaría al partido sin control. Zaragoza solo saldrá si el recurso judicial confirma la inhabilitación de Ramírez permitiendo así la entrada de Joaquín Lucas.
