El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se mostró ayer «muy satisfecho» después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido elevar al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley 3/2017 sobre plurilingüismo impulsado por el Consell para garantizar la enseñanza de lenguas durante este curso en las aulas de infantil. A juicio de César Sánchez, de esa manera se defienden las «libertades» de la comunidad educativa. Según la versión de la Diputación, se atiende así la tesis de la institución que entendía que la Generalitat eludía la medida cautelar impuesta por el tribunal en la que se instaba a volver al decreto de 2012.

«Estamos muy satisfechos con la decisión del TSJ de atender la demanda de la Diputación porque con ello creemos que se están defendiendo las libertades y los derechos que en materia educativa deben tener las familias de la Comunidad Valenciana, algo que siempre ha luchado la Diputación de Alicante», indicó César Sánchez, quien añadió que «el Consell no puede regatear a la justicia ni saltarse los autos dictados por los tribunales». El dirigente del PP advirtió de que la Diputación seguirá «utilizando todos los recursos jurídicos» para «defender a los padres y madres de la Comunidad , a nuestros hijos y a los profesores que ven amenazados sus derechos y sus libertades en materia educativa con normas que atentan contra el sentido común, contra la nación española y que encajan con la línea que siguieron hace algunas décadas los que hoy protagonizan el proceso independentista en Catalunya».

Precisamente, César Sánchez se reunió ayer en el Palacio Provincial con los presidentes de las asociaciones de padres y madres de alumnos de la educación católica, Concapa, y una de las asociaciones de enseñanza pública, Covaca, Julia Llopis y Ramón López, respectivamente, y a los representantes de los sindicatos minoritarios de profesores FSIE y USO CV, José Gabriel Alfonso y Sagrario Gálvez. El Tribunal Superior de Justicia acuerda plantear una cuestión de inconstitucionalidad frente al decreto por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017-2018, de los proyectos lingüísticos en los centros educativos de infantil.

La sala del TSJ considera que la norma, aprobada por el Consell el pasado mes de septiembre, «no hace sino mantener el modelo lingüístico sobre el uso del valenciano en las enseñanzas no universitarias recogido en el decreto 9/2017 que había sido suspendido por el alto tribunal meses antes», explica el tribunal. Cabe recordar que en un primer momento, el TSJ decidió paralizar cautelarmente el decreto de plurilingüismo del Gobierno valenciano, lo que llevó al Ejecutivo autonómico a dar luz verde a un decreto ley por el que se adoptaron medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017-2018, de los proyectos lingüísticos en los centros educativos en infantil. Posteriormente, en un pleno del Consell se derogó el primer decreto para dejar vía libre a una nueva Ley de plurilingüismo, que ya ha sido aprobada en las Cortes Valencianas para el próximo curso académico. Ahora, el TSJ ha informado de que ha decidido plantear una cuestión de inconstitucionalidad al entender que la Conselleria de Educación no cumplió la orden de suspensión; y que en su lugar, el Gobierno Valenciano aprobó el mencionado decreto ley.