El PP de Alicante tiene «líneas rojas» internas en los casos de cargos públicos investigados. Salieron de la convención de Benidorm que los populares organizaron a finales de 2014 para alinearse con las lque entonces marcó el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en su discurso ante las elecciones autonómicas de 2015. Los responsables públicos imputados por un presunto delito de corrupción durante la legislatura se tenían que apartar de sus responsabilidades. Y esas directrices se mantienen en el partido y se cumplirán, según indicó ayer el presidente del PP provincial, José Císcar. Sin embargo, el dirigente popular rechaza aplicar medidas contra el diputado provincial Miguel Zaragoza tras su detención y puesta en libertad el martes en relación a una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional durante su época de alcalde de Santa Pola. Para el PP, la investigación policial no es suficiente para aplicar las líneas rojas del partido, sino que para ello habría que esperar a la apertura de diligencias judiciales.

José Císcar negó que Zaragoza fuera detenido en relación a una clínica en Gran Alacant en la que trabajaba su hermana cuando el diputado regentaba la alcaldía santapolera al tiempo que afirmó que las medidas se toman cuando hay una investigación judicial y cuando ésta sea por corrupción. El responsable provincial del PP insistió a preguntas de este diario en que no habrá expediente de ningún tipo y que el resto es «aventurarse». Respondió que su formación mantiene las indicaciones que se dieron en la convención de Benidorm, y aprovechó para arremeter contra otros partidos «que no lo hacen». En este sentido, citó a Compromís «por la situación de su portavoz en Castalla y otros ayuntamientos». Císcar aseguró que el PP «cree en la honestidad de Miguel Zaragoza» y subrayó que la presunción de inocencia «está por encima de todo».

En la misma línea se manifestó el presidente de la Diputación, César Sánchez, que mostró su «confianza» en el diputado y contra el que no va a tomar medidas. Recordó que no hay ninguna constancia de que exista una investigación judicial abierta. Miguel Zaragoza, concejal popular en la oposición y también diputado provincial, responsable de la cartera de Bienestar Social, fue llamado a declarar el martes a la Comisaría de Alicante. Acudió por su propio pie, aunque finalmente se acogió a su derecho a no declarar y quedó en libertad con cargos de cohecho, prevaricación y malversación.

La oposición en la Diputación no quiso meter demasiado el dedo en la llaga por el estado incipiente de la investigación, aunque Compromís fue más duro al recordar que en la bancada del PP hay varios imputados en los juzgados. El portavoz del grupo socialista en la Diputación, José Chulvi -al que Cs denunció por fraccionamiento de contratos- apeló a la presunción de inocencia y aseguró que a la justicia «hay que dejarla hacer su trabajo». La diputada de EU, por su parte, no quiso hacer declaraciones al ser «pronto». Desde Cs en Alicante, su portavoz provincial, Yaneth Giraldo, manifestó que el caso de Santa Pola pone en «serios aprietos» al PP en la provincia, donde son ya muchos frentes abiertos por la justicia».