El exvicepresidente del Consell Víctor Campos, a quien el exgerente del PP Luis Bárcenas definió como el «tesorero de facto» del PP en la Comunidad, no tendrá que desplazarse hasta la Audiencia Nacional para declarar en el juicio que se está celebrando por la financiación de la formación conservadora. El magistrado José María Vazquez Honrubia ha accedido a la petición planteada por el también exconseller de Justicia y Administraciones Públicas en la etapa de Francisco Camps de comparecer desde Castellón por videoconferencia.

El nombre de Campos desapareció del listado de testigos debido a un error que la abogada que ejerce la acusación popular en nombre del PSPV, quien expresamente había pedido la declaración del expolítico, le hizo saber la juez. Una vez subsanado, la testifical de Campos se ha fijado para el martes de la próxima semana desde los juzgados de Castellón.

En su declaración Bárcenas relató una aportación de dinero a Campos por parte del un empresario, que dijo no recordar quién era, para financiar el partido. Una entrega que se realizó en la sede de su conselleria, según el exgerente.

«Testigo imprescindible»

Quien sí tendrá que viajar a Madrid para declarar también como testigo es el exvicepresidente de las Cortes Juan Cotino. Al igual que Campos había solicitado hacerlo por videoconferencia desde Valencia pero el magistrado se lo ha denegado «al ser un testigo imprescindible y habiendo sido propuesto por las partes y el Ministerio Fiscal», explica Vázquez Honrubia. Cotino está citado para un día después que Campos, el miércoles 7, una jornada en la que coincidirá con Camps, quien también ha sido llamado para ese día.

Mientras tanto, ayer continuaron las testificales con varios de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que participaron en la investigación de la trama Gürtel. Policías que han confirmado que parte de los actos electorales del PP en la Comunidad durante los años a cuyo frente estaba Camps se pagaron en negro, según informa Europa Press.

Los investigadores explicaron que los eventos realizados por Orange Market, la filial valenciana de trama Gürtel, para las campañas autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 fueron sufragados de forma ilegal.

Uno de los agentes precisó que en la contabilidad de las empresas del cabecilla, Francisco Correa, se hizo una distinción entre el dinero que se abonó dentro del «circuito legal» y el que se entregó de forma opaca. Y en uno de los documentos en formato Excel almacenado en el pendrive incautado al presunto contable de la red, José Luis Izquierdo, los pagos se diferenciaron en dos columnas denominadas «Alicante» y «Barcelona». En Alicante» se incluían aquellas «reducciones de deuda» que se abonaban con «dinero perteneciente al circuito legal» y para cuyos servicios se había emitido una factura con liquidación del IVA mientras que en «Barcelona» se apunta todo «lo contrario».

Facturas a empresarios

Los agentes concretaron que los importes que aparecían en «Alicante» hacían referencia a las facturas emitidas al PP regional por el conjunto de actos que realizó Orange Market; pero también a las que se mandaron a los nueve constructores que han reconocido los pagos y que eran «adjudicatarios en la zona de análisis», en referencia a la Comunidad. Unas aportaciones que disminuyeron la deuda del partido.

Asimismo, ha asegurado que el contable de Orange Market, Cándido Herrero,era conocedor de las formas de pago porque era la persona que elaboró esta documentación. Herrero admitió en su declaración como acusado en este juicio la diferenciación de pagos que hacía la trama, aunque precisó que se encontró con este «sistema de trabajo»cuando entró a trabajar en Orange Market. «Existen unas hojas donde ponen una serie de nombres y cosas, que si Barcelona, que si Alicante y esa misma hoja es,después para mi», subrayó.

Uno de los agentes que ha confirmado la financiación en b del PP de la Comunidad precisó que el 80 % de los pagos a Orange Market se apuntaron en la columna de «Barcelona». También que en la contabilidad de la Gürtel aparecían escritas otras letras y siglas como «P», que relacionaron con el partido y «PROV», que identificaron como las sedes provinciales del PP en Alicante, Valencia y Castellón que pagaron a la trama.

Otro de los agentes de la UDEF, que también testificó ayer y participó en los registros de las oficinas del entramado de Francisco Correa, aseveró que en el pendrive de Izquierdo aparece con claridad la «dinámica» de movimientos de fondos entre Orange Market y las empresas de la red entre 2007 y 2009, año en el que estalló la trama. Unos traspasos que nutrían la contabilidad «ajena a la ilegalidad», matizó.

La vista oral continúa mañana con la testifical propuesta por el abogado del Estado y la acusación popular del PSPV entre quienes se encuentra José Luis Izquierdo, contable de la red.