24 de febrero de 2018
24.02.2018

El juez envía al banquillo a Ortiz, Castedo y Alperi por el PGOU

El magistrado advierte a los denunciantes de que no pueden acusar al promotor de aprovecharse de información privilegiada

24.02.2018 | 01:45
El juez envía al banquillo a Ortiz, Castedo y Alperi por el PGOU

El auto fija para seis de los procesados una fianza de 1,3 millones de euros que ahora deberán abonar de manera solidaria.

Tras una dilatada instrucción de más de nueve años y miles de folios repartidos en 138 tomos, el juez dictó ayer la apertura de juicio oral para los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, según el auto notificado ayer. El instructor Manrique Tejada les lleva al banquillo por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. A los dos se les acusa de haber puesto el Urbanismo de la ciudad en manos del promotor Enrique Ortiz a cambio de diversas dádivas.

A Ortiz sólo se le lleva al banquillo por los delitos de tráfico de influencias y cohecho y el juez recuerda a las acusaciones que excluyó para éste el de aprovechamiento de información privilegiada. El fiscal, el Ayuntamiento y EU reclamaban para el promotor penas de prisión por este delito. Asimismo fija una fianza para cinco de los acusados de 1,3 millones de euros, el dinero público que el Ayuntamiento destinó al planeamiento urbanístico bajo sospecha.

La investigación es una pieza separada del caso Brugal que comenzó en un juzgado de Orihuela por supuestos sobornos en la adjudicación de la contrata de basuras en el municipio. Las intervenciones telefónicas a los sospechosos derivaron en una veintena de causas que se repartieron en distintos juzgados.

El auto de apertura de juicio oral se ha dictado una semana después de que la Fiscalía, el Ayuntamiento y Esquerra Unida presentaran sus escritos de acusación. EU y la Fiscalía solicitan 10 años de prisión para Castedo y Alperi, mientras que el Ayuntamiento pide cuatro años. Para Ortiz, el fiscal solicita ocho años, el Ayuntamiento cinco y EU 13 años.

El auto es firme y contra él no cabe recurso, salvo casos excepcionales de vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, la decisión ha sido polémica porque en la resolución el juez recalca que hace un año que retiró la imputación a Ortiz por el delito de aprovechamiento de información privilegiada. El magistrado Manrique Tejada aceptó entonces un recurso presentado por la defensa de Ortiz tras el procesamiento de los imputados y resolvió que para que el delito se hubiera cometido tendría que haberse aprobado el Plan General, motivo por el que le retiró la imputación; aunque mantenía que Ortiz debía ser juzgado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho por los que también se le acusaba. Esta situación no afectaba a los otros investigados, al entender el juez que cometieron el delito en el momento en que presuntamente facilitaron al promotor información reservada sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad.

A pesar de esta circunstancia, las acusaciones han reclamado penas de prisión para Ortiz por este delito. Mientras el fiscal y el Ayuntamiento sólo piden seis meses por el mismo, en el caso de EU se eleva hasta los seis años de prisión. El abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero, aseguró a este diario que los hechos que establecía el juez en el auto de procesamiento sí le permitían presentar acusación por ese delito y que son esos hechos los que determinan por qué delitos acusa. Sin embargo, el magistrado recalca en el auto de ayer que «no pueden admitirse aquellas acusaciones que están expresamente excluidas por resoluciones judiciales firmes» y considera «evidente» que ese delito debe quedar excluido «para garantizar la tutela judicial efectiva». El zanjar si Ortiz debe o no ser enjuiciado por la información presuntamente facilitada por las autoridades municipales investigadas podría dilatar más el final del proceso si se acaban presentando recursos.

Los otros acusados por esta causa son los abogados urbanistas del PGOU Javier Gutiérrez, exconcejal socialista, y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa. Las acusaciones sostienen que el despacho de ambos resolvió alegaciones que presentaron ellos mismos en la tramitación del PGOU bajo sospecha. Otro procesado es el promotor Ramón Salvador, a quien se acusa de haberse valido de los servicios de éstos para logar una recalificación. Los otros tres acusados son un hermano de Ortiz, Virgilio, así como Santiago Bernáldez y Pablo Rico, por presuntas entregas de dinero a Alperi en su domicilio. El auto recuerda que la Audiencia sobreseyó la causa para el arquitecto redactor del PGOU, Jesús Quesada, motivo por el que ha sido excluido de los procesados que irán al banquillo.

En la resolución, el magistrado Tejada establece una fianza de 1,3 millones de euros para seis de los acusados. Según la documentación aportada por el Ayuntamiento de Alicante, esta cantidad serían los gastos que para las arcas municipales supuso la tramitación del PGOU. De su pago se excluye a Ramón Salvador, a Virgilio Ortiz, a Bernáldez y a Rico. La fianza se reclama para asegurar el cobro de la responsabilidad civil tras el juicio en el caso de que terminara en condena. Del pago responden los acusados de manera solidaria y, en el caso de impago, podría procederse al embargo de bienes suficientes para garantizar el pago. En el auto no se dice nada sobre las multas reclamadas para los acusados, que en el caso de Castedo y Alperi rondan los 200 millones de euros. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que su pago se abordaría en el caso de que el proceso terminara en una condena.

El siguiente paso que podría dar el juez es emplazar a las defensas para que presenten sus escritos de conclusiones para responder a las acusaciones. El siguiente paso será enviar la causa a la Audiencia para que se celebre el juicio.

Entre las dádivas que Castedo habría recibido de Ortiz, según el fiscal hay dos viajes a Andorra en las navidades de 2008 y 2009, otros dos viajes a Ibiza en embarcaciones de Ortiz en los veranos de esos años y un vehículo, que sumarían 259.899 euros; así como otras no cuantificadas como colocar a conocidos en las empresas de Ortiz y tarjetas de aparcamiento. En el caso de Alperi, el fiscal cita en su escrito de acusación el viaje a Creta en un jet privado (36.000 euros), el dinero pagado por los pisos donde viven los hijos del exprimer edil (324.000 euros), un palco en el Estadio Rico Pérez (3.150 euros), entregas en metálico (60.000 euros), dinero aportado para una empresa de su hijo (30.000 euros). También se relacionan otros regalos sin cuantificar como una fiesta en el yate de Ortiz, la finalización de los trabajos de una promoción de viviendas para el hijo de Alperi, así como la contratación de una conocida.

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