El proceso por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Alicante enfila su recta final aunque aún le queda un lento avance. La Fiscalía, EU y el Ayuntamiento ya han presentado sus escritos de acusación a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, el empresario Enrique Ortiz y otros seis investigados, mientras que a lo largo de la próxima semana el juez instructor de la causa, Manrique Tejada, podría dictar la apertura de juicio oral por el que la causa se quedará lista para ser enviada a la Audiencia para ser juzgada. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario señalaron que en los supuestos más optimistas el juicio no se podrá señalar al menos hasta el año 2020, un año después de la fecha prevista para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Como publicó ayer este diario, la Fiscalía reclama en su escrito de acusación diez años de cárcel para Castedo y Alperi y ocho años para Ortiz.
En el auto de juicio oral, el juez determinará los delitos por los que serán juzgados los acusados y determinará las fianzas que se reclamen a éstos para garantizar el pago de la responsabilidad civil. Los escritos de acusación coinciden en señalar un perjuicio a las arcas municipales de 1,3 millones por la fallida tramitación del PGOU, cantidad que se reclama que abonen los acusados de manera solidaria, es decir, entre todos. A pesar de que se reclama el pago de multas millonarias (120 millones para Castedo; 63 millones y 84 para Ortiz), las fuentes consultadas por este diario señalaron que la exigencia del pago de estas sanciones no se abordará hasta que haya sentencia y ésta sea condenatoria. Tras la apertura de juicio oral, el juez emplazará a las defensas para que presenten sus escritos en un plazo que podría ser de un mes, tal y como se ha hecho con las acusaciones. Excepcionalmente en esta parte del proceso todavía alguna parte podría proponer alguna diligencia más antes de que se envíe la causa a juicio.
Puntos polémicos
Entre las patatas calientes que ahora mismo tiene el magistrado encima de la mesa se encuentra el polémico informe entregado por el Ayuntamiento que cifra en 42 millones el supuesto beneficio de Ortiz con el plan bajo sospecha si hubiera estado vigente. Esa cantidad ha servido a las acusaciones para determinar algunas de las multas que reclaman para los acusados. Las conclusiones de ese informe habían sido cuestionado por algunas de las defensas, e incluso el abogado de la Castedo había presentado en otro juzgado una querella por falsedad. Aunque se archivó, esa decisión se ha recurrido.
Otra cuestión controvertida es que las acusaciones imputan a Ortiz aprovechamiento de información privilegiada. El juez le retiró expresamente la imputación por este delito en abril del año pasado al entender que para que éste se hubiera cometido el PGOU tendría que haber estado vigente, algo que no se aplicaría a los políticos porque cometieron el delito al filtrar la información reservada. Las acusaciones han considerado que el relato de los hechos que hizo el juez al procesar a los investigados les permite seguir imputando este delito Ortiz y le piden penas que van desde los seis meses a los seis años. El juez debe decidir qué acusaciones acepta.
La causa podría enviarse a la Audiencia para juicio tras el verano si no hay incidencias que la retrasen. Las dificultades allí será encontrar hueco para un juicio que previsiblemente tendrá nueve meses de duración, así como designar un tribunal formado por magistrados que no hayan intervenido en ninguno de los múltiples recursos presentados en los diez años de instrucción de la causa.
