Varios empleados de las mercantiles cuyos responsables reconocieron haber financiado ilegalmente al PP de la Comunidad afirmaron ayer ante el juez que no recuerdan que la empresa de la trama Gürtel que organizó los actos electorales en 2007 y 2008 para la formación política regional, Orange Market, les prestase servicios que después fueron pagados.La sesión del miércoles del juicio que se está celebrando la Audiencia Nacional por la presunta caja 'B' del PP liderado entonces por Francisco Camps se centró en la declaración como testigos de seis personas que tuvieron alguna vinculación profesional con alguna de las empresas que pagaron facturas falsas relacionadas con las campañas municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.
Todos los testigos que comparecieron este miércoles dijeron que no conocen personalmente a ninguno de los acusados en este juicio: ni a los ex políticos valencianos, ni a los líderes de la Gürtel y sus colaboradores. En este sentido, indicaron que han tenido alguna relación comercial con alguno de los grupos o mercantiles de los empresarios arrepentidos, pero nunca con Orange Market. Fueron los exdirectores de Servicios Corporativos y de Comunicación y Marketing de Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL los que admitieron que firmaron unos contratos con Orange Market por orden de Alberto Gabriel Batalla, administrador de esta empresa sin que les constara que estos servicios se llevaron a cabo. Batalla es uno de los nueve empresarios que han confesado que sufragó los gastos electorales del PPCV en los comicios de 2007 y 2008.
La financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana fue ratificada, entre otros, por el que fuera número dos del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa.
