La defensa del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y de su empledado en Orange Market Cándido Herrero ha renunciado también, al igual que ya ha hecho el exdirigente del PP Ricardo Costa, a toda la prueba que había planteado para sus defensas en el juicio por la financiación ilegal del PP que se está celebrando en la Audiencia Nacional.
El letrado valenciano Juan Carlos Navarro ha presentado un escrito en el que desiste de la testifical propuesta que, en líneas generales, coincide con la planteada por la Fiscalía Anticorrupción. Entre los citados por la acusación pública se encuentran, además de José Luis Peñas, el exconcejal de Majadahonda cuya denuncia y grabaciones dieron origen a este caso, el alcalde de Crevillent y vicepresidente segundo de la Diputación de Alicante, César Augusto Asencio, la senadora y exalcaldesa de Elda Adela Pedrosa, el exgerente del PP Luis Bárcenas y los exconseller Paula Sández de León y Serafín Castellano, entre otros. Todos ellos están citados en este momento para declarar como testigos.
Confesiones
La renuncia por parte de Correa se produce después de que haya ratificado los pagos ilegales a la formación conservadora que ya habían confirmado los nueve empresarios acusados por los abonos. Unas confesiones que fueron posibles gracias al acuerdo alcanzado con la Fiscalía por el abogado del promotor de Alicante Enrique Ortiz, al que después siguieron el resto de los empresarios. Un pacto que les ha permitido a ellos conmutar las penas de cárcel por multas que sumadas rondan los dos millones y a las acusaciones, el reguero de autoinculpaciones que han venido después.
Correa concretó que los trabajos que su filial valenciana Orange Market hacía al partido en montaje de actos electorales, fundamentalmente, los cobraban una parte en mano y el resto facturando a los empresarios, todos ellos contratistas públicos.
En cuanto a Herrero, quien fue fichado por la trama como jefe de producción y acabó haciendo facturas, aseguró durante sus declaración que hizo lo que le indicaron sus jefe y que sólo le preocupaba defender su trabajo. El acusado, que se enfrenta a una petición de casi dos décadas de prisión, aseguró que él heredó el modo de facturación de la persona a la que sustituyó y que desconocía la existencia de dinero opoco. Su abogado defenderá su exculpación en el informe final.
