César Sánchez intenta recuperar la iniciativa política desde la Diputación. Después de unas semanas que han puesto su mandato en una situación muy delicada con los resoluciones que paralizan las ayudas «a dedo», los aumentos de salario de cargos de confianza o la decisión de engrosar la nómina de vicepresidentes, el responsable de la corporación provincial tratará de aprovechar la reunión del próximo 25 de enero con el jefe del Consell, Ximo Puig, para volver a ocupar un espacio central en la agenda política al frente de la institución de mayor peso que tiene el PP en la Comunidad. César Sánchez ya trabaja en una carpeta de temas para esa cita, destinada a rebajar la tensión entre la Diputación y el Consell con la apertura de una nueva etapa de colaboración entre administraciones, como el dirigente del PP explicitó en una entrevista en este periódico.
Uno de los principales focos de disputa entre la Generalitat y la Diputación fue la ofensiva judicial desde la corporación alicantina contra el decreto de plurilingüismo que vinculaba la promoción del inglés a la enseñanza del valenciano. Y precisamente, cuando ahora está en pleno debate en las Cortes Valencianas la nueva Ley de Educación, César Sánchez entiende que la provincia de Alicante, por su peculiaridad lingüística en zonas como la Vega Baja o la capital, debe jugar un papel decisivo para contribuir a solucionar un conflicto que, en opinión del presidente de la Diputación, se encauzó correctamente durante las últimas tres décadas con la aplicación de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià, conocida como Llei d'Alacant y aprobada en sesión solemne de las Cortes celebrada el 17 y 18 de noviembre de 1983 en el salón de plenos de la corporación alicantina.
César Sánchez le trasladará a Ximo Puig la necesidad de alcanzar un pacto por la Educación sin conflicto social, que tenga en cuenta la dualidad lingüística de Alicante como el territorio más peculiar en cuanto a uso del valenciano de los tres que conforman la Comunidad y que, además de los socios del Pacte del Botànic, facilite que tanto el PP como Ciudadanos se puedan también sumar a ese consenso. El presidente de la Diputación entiende que la base de ese acuerdo debe pasar por la «actualización» de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià que, en opinión de César Sánchez, ha sido un instrumento útil sin tensión para la normalización del valenciano desde la década de los 80, cuando se convirtió en una de las primeras leyes elaboradas una vez que se aprobó el Estatuto. Y, por tanto, esa debe ser la guía para poder iniciar una negociación.
«Es necesario que haya un pacto entre todos. Y creo que es posible. Un consenso que debe tener en cuenta la realidad tan especial que tiene la provincia. Lo que está proponiendo ahora el conseller Marzà supone, precisamente, atacar esa Llei d'Ús. Debemos mejorar esa norma y a actualizarla. No se puede aprobar una reforma educativa sin diálogo con el PP y Cs. Nacería muerta. Necesitamos aprobar una norma sin conflicto social», sugirió el presidente que, en todo caso, se mostró partidario de que haya enseñanza del valenciano en la Vega Baja. «Claro que sí. Y creo que esa sería la respuesta del PP si se le preguntara. Es una oportunidad de futuro para trabajar. Pero no se puede hacer a través de la imposición. Es necesario el diálogo y tener en cuenta la realidad de nuestra sociedad», apuntó el titular de la Diputación.
