El tsunami provocado por el cabecilla de la Gürtel al declarar por primera vez ante un juez que recibió 3,4 millones de dinero negro del PP y que fue el exsecretario de este partido en la Comunidad Ricardo Costa quien les indicó que si querían cobrar trabajos realizados a los conservadores se los facturaran a empresarios que contrataban con la Administración, removió ayer hasta los cimientos del búnker de la Audiencia Nacional donde se está celebrando el juicio por financiación ilegal de los populares en la Comunidad.

El trajín que desde antes de la 10 de la mañana, cuando estaba previsto que comenzara la tercera sesión de esta vista oral, se traían las defensas de Pablo Crespo y de Álvaro Pérez, «El Bigotes» (los principales colaboradores de Francisco Correa en el entramado y presos con él en Valdemoro por los contratos de Fitur), no sólo no pasó desapercibido para los presentes en el hall del edificio judicial sino que consiguió poner cardiacos a los letrados de los exdirigentes del PP acusados, especialmente al de Costa, que iba y venía de un lado para otro intentando averiguar qué se estaba cociendo.

Y lo que se cocinaba era un aplazamiento del juicio hasta mañana viernes planteado por el abogado de Crespo en connivencia con el de El Bigotes y al que después se sumó el resto de las defensas sin oposición del Ministerio Público ni de la Abogacía del Estado. Una suspensión que acabó acordando el magistrado Vázquez Honrubia por considerarla «correcta, prudente y procedente» y en aras a que «sus clientes aporten elementos relevantes», advirtió a los letrados.

Unas revelaciones que se esperan como una bomba y que, aunque llegan tarde para sellar un acuerdo formal con las acusaciones (como el suscrito por la Fiscalía con los 9 empresarios que han reconocido los pagos ilegales a cambio de una pena de multa yendo por la senda que inició el promotor Enrique Ortiz), «se pueden tener en cuenta» a la hora de concretar la petición de condena a unos acusados para los que se reclaman más dos décadas de cárcel a cada uno.

Muchos años como para permitir que sólo Correa saque partido (ha planteado una rebaja de la pena a cambio de su colaboración) «de ese ejercicio personal de entrega de información», como lo definió ayer un letrado, que condiciona todas las líneas de defensa. Pero para que eso ocurra, para que Crespo y Pérez vean aligerado el peso de la ley, tienen que superar el listón de Correa. No les basta con presentarse mañana y apuntar al PP, en abstracto, ni con volver a sacar el nombre de Costa, aunque fuera a Crespo a quien el exdiputado le dijera que facturara a los empresarios, según la declaración de martes.

A la fiscal Myriam Segura y al abogado del Estado Edmundo Bal no les vienen mal más argumentos condenatorios pero disponen de mucho más de lo que han tenido en otros procesos de esta trama: la confesión de nueve empresarios admitiendo que contribuyeron a la financiación ilegal del PP y la declaración del cabecilla ratificando que así fue y que tanto unos como otros estaban igual de obligados por el partido si querían seguir trabajando. «Y empresarios somos todos», llegó a decir. Eso, además de los pagos en b.

Por ello, había ayer quien apuntaba a que Crespo y Pérez «van a llegar hasta el vértice de la pirámide», en referencia a Francisco Camps. Algo que, de producirse, no tendría consecuencias penales para el exjefe del Consell, para quien los hechos estarían prescritos al no haberse dirigido nunca el procedimiento contra él. Distinta suerte es la que puedan correr sus otrora colaboradores y ahora acusados, quienes ayer reaccionaron ante la nube negra que se les aproxima de muy distinta manera: desde la tensión que no podía ocultar Costa a la aparente tranquilidad de David Serra, pasando por el hieratismo de Vicente Rambla.