Con tres monosílabos solventaron ayer su paso por la Audiencia Nacional los nueve empresarios de la Comunidad acusados de delitos electorales y falsedad por realizar pagos ilegales al PP. Unos abonos que han admitido en un pacto, del que fue pionero el empresario Enrique Ortiz, rubricado en febrero del pasado año con la Fiscalía a cambio de permutar la pena de cárcel que reclamaba por el abono de unas multas que, en total, rondan los dos millones de euros.
Los empresarios, todos representantes de importantes empresas de la Comunidad, ratificaron el relato de la acusación pública según el cual cargaron a sus cuentas 1,2 millones de los gastos del PP en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y generales de 2008. Y lo corroboraron con apenas tres «síes» tras repasar las facturas que les envió la trama Gürtel. Monosílabos con los que validaron los documentos y eximieron de cualquier responsabilidad a sus trabajadores en estos hechos. Todo un ejercicio de contención verbal (únicamente todos respondieron a la fiscal y la mayoría al abogado del Estado dado que sus defensas no preguntaron) y casi un milagro en un caso como el de Ortiz, quien sólo pronunció esas palabras en la media hora larga que se prolongó su paso por el banquillo de los acusados.
Dado que se trataba de una cuestión más formal que de fondo, el magistrado Vázquez Honrubia no sólo se permitió alguna ironía sino algo tan insólito como que dos acusados, los hermanos Rafael y Tomás Martínez Berna, declararan juntos. Además de bromear sobre la buena salud que parecía tener Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas y también encausado por estos pagos, para justificar el olvido de indicarle que tomara asiento para su comparencia.
Aunque todos los empresarios advirtieron que no iban a responder a la acusación popular que se ejerce en nombre del PSOE (que más bien parece una convidada de piedra) ni al resto de las defensas, los abogados de los exdirigentes populares Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García y Cristina Ibañez sí quisieron que quedara constancia de sus preguntas sobre si alguno de los empresarios había tratado alguna vez con sus clientes de estos pagos. El único que no se interesó por esta cuestión, y tras requerido por este diario declinó explicar el motivo, fue el representante legal del expresidente de Consell, Vicente Rambla.
Los nueve empresarios se marcharon ayer a casa después de que el juez accediera a la petición planteada por sus abogados de que se les permitiera ausentarse del juicio. Sólo tendrán que volver para el turno de la última palabra, al final de la vista oral.
