El escrito presentado en el juzgado por el cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, en el que confiesa pagos en «b» al PP de la Comunidad y señala al exjefe del Consell como su introductor en esta autonomía, no es más que la continuación de un camino que inició el empresario Enrique Ortiz hace casi dos años y al que desde entonces se han sumado más acusados en el proceso por la financiación ilegal del PP en la Comunidad. El abogado del promotor, Francisco Ruiz Marco, logró que la Fiscalía rebajara la petición de pena para su cliente de 4 años a 15 meses de cárcel (lo que en principio le libra de ingresar en prisión) tras admitir que pagó 350.000 euros al PP. Ortiz se declaraba así culpable de un delito electoral y de otro de falsedad y en las negociaciones que su defensa llevó con Anticorrupción incluyó que se le aplicara la atenuante de «confesión tardía» e incorporó la «súplica» de que se acuerde la suspensión de la condena o se sustituya por una multa. Un pacto que también apoya el PSPV, acusación popular en este proceso. Ortiz abonó previamente 40.133 euros en concepto de responsabilidad civil y 64.000 en multas.
