11 de enero de 2018
11.01.2018

Camps guarda silencio y el PP de Bonig se desentiende del pasado turbio

El expresidente acude con normalidad al pleno del CJC y declina valorar la confesión de Correa Los populares dicen que no opinan sobre causas judiciales ni estrategias de defensa

11.01.2018 | 00:04

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, guardó ayer silencio y eludió valorar el escrito de Francisco Correa en el que, por primera vez, el cabecilla de la trama Gürtel reconoce los pagos en negro del PP y señala a Camps como la persona que le abrió la puerta del negocio en la Comunitat Valenciana. Camps, vocal nato del Consell Jurídic Consultiu, en su condición de exmandatario participó ayer como todos los miércoles en el pleno del ente consultivo, pero evitó aparecer en público y su despacho no contestó los requerimientos de este diario para dar su versión ante el giro que ha dado el caso sobre la financiación ilegal del PPCV.

Camps no está imputado en el juicio que el lunes sentará en el banquillo a quienes fueron estrechos colaboradores. Salvo sorpresas de última hora, sólo será llamado como testigo, pero todas las miradas están de nuevo sobre su persona dado que los hechos que se enjuician ocurrieron en la época en la que él fue el máximo responsable del PPCV. La confesión de Correa reavivó ayer las voces que exigen a Camps que deje el CJC al entender, en palabras del que está «incapacitado» como jurista y como político. La cuestión devuelve a primera línea el debate sobre una posible reforma legal que abra la puerta a la pérdida de condición de miembro nato de un consejero en caso de implicación en un caso judicial. Podemos vio fracasar al inicio de legislatura su propuesta para retirar el sueldo a Camps como miembro del CJC (PSPV y PP hicieron frente común y frenaron la rebaja de las prerrogativas de los exmandatarios). Ahora está en debate la reforma del propio organismo jurídico. En la actualidad, un consejero sólo puede perder el puesto dentro de su mandato con una condena firme que lo inhabilite para el ejercicio del cargo. No es el caso de Camps, que ni si quiera está imputado en este caso (aunque sí en el de Valmor). Si no hay cambios legales (jurídicamente son muy complicados), Camps tiene derecho a ser consejero durante quince años por sus dos legislaturas completas. Aún le quedan ocho más.

Al silencio de Camps se sumó ayer el intento del PP de Bonig de dar esquinazo a un asunto que vuelve a ponerles frente a su pasado más turbio. La dirección regional no quiso comentar las declaraciones de Correa y se limitó a comunicar que el partido no valoraba estrategias de la defensa. Ayer ni Bonig ni su núcleo duro tenía agenda pública, por lo que escaparon a posibles preguntas. La lideresa sí mantuvo una comida con los principales cargos orgánicos e institucionales del PP (presidentes y secretarios provinciales, así como jefes o portavoces de la diputación) para fijar estrategias de cara a 2018. Una foto, que después facilitó el partido a los medios, con la que Bonig intenta reforzar la idea de renovación y de ruptura con su propio pasado.

En todo caso, la actual dirección del PPCV considera que los responsables de esa etapa hace tiempo que dejaron la primera línea y no tienen nada que ver con el proyecto actual. Bonig saltó a la política autonómica en 2011 cuando Camps la nombró consellera tras ganar las elecciones. Formó parte de la anterior de su ejecutiva como coordinadora junto a otras alcaldesas como Rita Barberá o Maria José Catalá. Tras coger las riendas del partido en 2015, Bonig ha marcado distancias con quienes han quedado salpicados por la corrupción. Su postura le valió el fin de su relación con Barberá.

Fuentes del PP se sorprendían también ayer de que la izquierda dé pábulo a Correa, que cumple condena por Fitur. Insistieron en el PPCV ya pagó electoralmente por los casos de corrupción.

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