Hay cosas que son difíciles de cambiar. Aunque permuten los gobiernos. El sector público valenciano continúa siendo un foco de pérdidas para la Generalitat, que aumenta su deuda cada año que pasa. En 2016, primer año completo del nuevo Consell del Botànic, el conjunto de empresas públicas -mercantiles que gestionan depuradoras, medios de comunicación, el parque de vivienda pública, el ferrocarril o museos- generaron unas pérdidas de 277, 6 millones.
Así consta en la auditoría de la Sindicatura de Comptes realizada a la Generalitat y presentada el pasado viernes. En total, las 23 empresas públicas acumulan un pasivo a corto y largo plazo de 4.536 millones. Una cifra voluminosa que, sin embargo, la Generalitat ha conseguido reducir en 167 millones respecto a los 4.703 millones que heredó del PP, según la cifra a 31 de diciembre de 2015.
La cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas públicas, en cualquier caso, sigue ofreciendo fantasmas del pasado. Como la antigua Canal 9 (tanto el ente RTVV, como el grupo RTVV) que en 2016, pese a estar cerrada, arrojó unos números rojos de 9,23 millones de euros. Destacan también los cifras negativas de la empresa pública Aerocas, la del aeropuerto de Castellón, que concluyó 2016 con unas pérdidas de 13,5 millones. Mantener operativa la infraestructura impulsada por el Consell, y que ese año pasó levemente de los cien mil pasajeros con solo cuatro rutas a Reino Unido, Bulgaria y Rumanía, generó unas pérdidas de 13,5 millones. Su deuda asciende a 228,3 millones a 31 de diciembre de 2016.
En el lado contrario, la Epsar, que gestiona las depuradoras de agua, concluyó con unos beneficios de 80 millones; y el patronato del Misteri d'Elx, prácticamente a cero. También cerró con beneficios de 6,5 millones el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), en el último año antes de la salida del perímetro de la Generalitat, con la creación del banco público culminada este 2017. Para este año que está a punto de concluir también prevé el instituto unos beneficios de unos cinco millones.
A lo largo de 2016, la Generalitat abonó a las empresas públicas 87 millones de los 164 millones previstos en transferencias corrientes. Asimismo se pagaron otros 61,3 millones de los 124 presupuestados como transferencias de capital.
Por otro lado, el conjunto de trece fundaciones públicas acumulaban a 31 de diciembre de 2016 un pasivo de 151,9 millones, después de incrementar sus pérdidas ese año en otros 5,6 millones, cifra similar a la del año anterior. La deuda de las fundaciones públicas creció en primer año del Consell.
Entre las particularidades, destaca el papel de la fundación Jaume II el Just, considerada como uno de los epicentros del caso Taula. En su último año, antes de ser liquidada este 2017, perdió 925.560 euros, y tuvo gastos de personal por valor de 261.000 euros.
El nuevo Consell, en cualquier caso, está haciendo limpieza en el sector público. Según la memoria del Síndic, el 27 de junio pasado se acordó la extinción de la entidad Jaume II el Just. Igualmente, el 28 de febrero de este 2017 se ratificó el acuerdo de extinción de la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz (vinculada a la actividad de los estudios cinematográficos), un trámite pendiente desde 2014.
Y en diciembre de 2016 se hizo lo propio con la Fundación de la Luz de las Imágenes, dedicada a la restauración de patrimonio histórico-artístico.
