El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este lunes que en 2018 se pondrá en marcha una nueva estrategia por la movilidad, el transporte y las infraestructuras que marque desde el consenso con los agentes económicos y sociales las acciones en materia de movilidad que se van a llevar a cabo en la Comunitat valenciana en la próxima década.
Puig, en una entrevista a la Cadena Ser recocida por Europa Press, ha explicado que en las primera semanas de enero convocará a contratistas, patronal y ayuntamientos para "intentar generar un acuerdo que vaya más allá de una legislatura" porque "las infraestructuras no pueden concebirse en un tiempo tan pequeño".
Así, le gustaría que esta estrategia tuviera un alcance 2018-2030 para "concebir una actuación global pensada en la movilidad del ciudadano desde la colaboración público-privada".
Por otra parte, ha destacado el "talante dialogante" del actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, frente al "desprecio permanente" por la Comunitat Valenciana mostrado por su antecesora, Ana Pastor , y al respecto ha recalcado que las infraestructuras "deben aprobarse desde la eficiencia y no por arbitrariedad, de amigos y enemigos".
No obstante, ha apuntado que aunque se ha llegado a "acuerdos importantes" hay que pasar de "las palabras a los hechos" y en ese sentido ha constatado que el Corredor Mediterráneo "va demasiado lento" y que es "intolerable" que la conexión Alicante Valencia "a estas alturas esté como está" cuando "solo falta 50 millones".
FINANCIACIÓN
Asimismo, Puig ha confiado en que si no ha podido ser a finales de este año, antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 "haya un nuevo sistema de financiación que garantice la igualdad entre los ciudadanos y la singularidad de los territorios".
Puig, que ha recordado el compromiso del presidente Mariano Rajoy, ha apuntado que "desde el primer día" el Consell "ha hablando con otras comunidades y tejiendo alianzas" y ha lamentado que algunas estrategias defensivas de algunas comunidades son "profundamente equivocadas" porque "no se trata de hacer victimismo sino de justicia".
Por último, se ha mostrado convencido de que el Gobierno de España lidera una "ofensiva para frenar las políticas sociales del Consell" y para cercenar su autonomía" y usa para ello, dice, el Tribunal Consti tucional.
El último caso, ha apuntado que ha sido la declaración de inconstitucionalidad del decreto ley de la Generalitat Valenciana que ofrecía el acceso universal a la atención sanitaria a extranjeros sin papeles y que fue el primero que firmó Puig al llegar al Gobierno para "superar una situación de absoluta inhumanidad y asunción de la salud pública".
No obstante, ha recalcado que el Consell preservará el derecho de los ciudadanos porque los 5 millones de valencianos "nos podemos permitir perfectamente que las 21.000 personas que no tienen papeles pero que sí tienen dignidad tengan derecho a ser atendidos". "Ante la enfermedad todos somos iguales", ha garantizado.
