Desde que los mercados financieros se cerraron para las comunidades autónomas necesitadas de financiación extra vía deuda, la dependencia de los fondos del Estado (el más conocido es el Fondo de Liquidez Autonómica) ha ido a más. En el caso de la Generalitat, con el lastre de la infrafinanciación, la necesidad ha sido cada vez más acusada, tanto que el Consell del Botànic se ha visto abocado a firmar un cheque en blanco al Ministerio de Hacienda para evitar que le corte el grifo del FLA.
Sin embargo, este año, las condiciones impuestas por el Gobierno Central, además de draconianas, implican una intervención de facto, un control total que en la Conselleria de Hacienda consideran un serio atentado contra la autonomía financiera de la Genralitat. Y es que todo, desde la factura más pequeña hasta el detalle de las retribuciones y del personal de la Generalitat y su sector público pasan ya por el departamento que dirige Cristóbal Montoro, una suerte de Gran Hermano que ha acabado monitorizando al Ejecutivo.
La vuelta de tuerca en la fiscalización de las cuentas de la Generalitat que comenzó en el primer FLA, allá por el 2012, se ha producido este año. El Ministerio de Hacienda hizo llegar a las comunidades autónomas, entre ellas a la Generalitat, el «Programa para la aplicación del compartimiento del Fondo de Liquidez Autonómico del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para el Ejercicio de 2017», un suerte de contrato repletos de compromisos, que el Consell debía asumir si quiera recibir la ayuda financiera. El documento llevaba, sin embargo, sorpresa: un anexo con 44 nuevas condiciones que se añaden a las exigencias que ya existían de años anteriores para recibir el FLA.
Fuentes del departamento de Hacienda reconocen que con estos compromisos Montoro se garantiza el control absoluto de las finanzas de la Generalitat. «Un artículo 155 encubierto», comentan en la Conselleria de Vicent Soler, donde se considera inaudito la doble penalización a la Comunidad Valenciana: maltratada en el reparto de los recursos del Estado y obligada a pasar por el aro del Gobierno central para recibir unos recursos adicionales que por derecho le corresponden.
La lectura global de estas 45 condiciones que el Consell tuvo que aceptar para recibir este año el FLA evidencia hasta qué punto llega la fiscalización. No hace falta recibir a «los hombres de negro» de Montoro, ya que este trabajo puede hacerse con mando a distancia desde la capital. Y ello básicamente mediante dos modalidades. Bien, de forma activa, es decir, con la exigencia de que el Ejecutivo aporte información al Ministerio de Hacienda sobre ejecución de presupuestos y las medidas para la contención del gasto. Pero también, por otra vía: permitiendo tecnológicamente el acceso del personal técnico del ministerio a los registros de facturas, contratación, retribuciones del personal, etc.
