La Generalitat mantiene su reivindicación y reclamará al Gobierno, al hilo de la negociación política del nuevo sistema de financiación autonómica, una condonación de parte de su deuda a ejecutar en dos tramos -uno para todas las autonomías y otro sólo para las más perjudicadas por el sistema como la Comunidad, Murcia o Cataluña- que le supondría a las arcas valencianas reducir ese «agujero» bancario en 20.245 millones, alrededor del 45% de los aproximadamente 45.000 millones de lastre que la administración valenciana arrastra en operaciones de crédito. En una conferencia en el Club INFORMACIÓN, el profesor Ángel de la Fuente, asesor de Cristóbal Montoro en la comisión técnica que trabaja en el cambio de modelo y director de la fundación Fedea, rechazó de plano una quita por el volumen que había alcanzado la deuda autonómica, una medida con la que por contra hace un tiempo sí estaba conforme.

El Consell, en cualquier caso y como ratificaron fuentes autonómicas, advierte que los contactos serán directamente con el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por lo que mantiene una exigencia que considera clave para garantizar la viabilidad del autogobierno en la Comunidad. Y la Generalitat huye, además, del concepto de quita a cambio de nada. No es eso lo que pidió el conseller Vicent Soler en el documento que remitió la semana pasada a Montoro. Al margen de un sistema ordinario de financiación más justo que permita ingresar los más de 1.300 millones que le faltan al Consell para cubrir sus servicios básicos, el Ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra pone sobre la mesa, además, percibir como ingresos una serie de transferencias finalistas con la que la administración valenciana fuera saldando sus préstamos.

Eso no permitiría hablar de una quita de deuda. Supondría, de facto, que la Generalitat sería la responsable con sus propios recursos económicos -una serie de aportaciones directas recibidas como compensación por la infrafinanciación acumulada durante más de dos décadas- de abonar los vencimientos y de ir liquidando las operaciones de tesorería pendientes. El reparto se realizaría en dos tramos. Uno para todas las autonomías como consecuencia de la insuficiencia de fondos para gestionar sus competencias. Y una segunda que sólo afectaría a los gobiernos regionales que arrastran un déficit de financiación como es la Comunidad Valenciana. Por la suma de ambos, la Generalitat tendría que reducir su actual deuda en 20.245. La consolidación del sistema se realizaría a plazos con aportaciones durante varios años.

Cuestionado en Alicante por los plazos para ese nuevo modelo de financiación, Vicent Soler emplazó a Mariano Rajoy a «cumplir con su palabra» y aprobar el nuevo sistema antes del próximo 31 de diciembre. «Si no lo hace, una vez más quedará muy mal ante la ciudadanía», apuntó el titular de Hacienda. «No será un tema prioritario para Rajoy pero sí lo es para los ciudadanos que ven que los barracones están ahí, que las listas de espera siguen, que no hay bastantes medios para hacer frente a los dramáticos efectos familiares de la dependencia», alegó. La situación, en todo caso, se agrava por momentos y sin una nueva financiación, como alertó la Autoridad Fiscal, es «improbable» que la Comunidad Valenciana pueda cumplir, al cierre de este ejercicio, los objetivos de déficit marcados por Europa.