Solución para el País Vasco con votos decisivos para la continuidad de Mariano Rajoy en el Gobierno de España. Patada para la Comunidad Valenciana. Dos golpes en apenas 48 horas: no habrá financiación para este año como pedía el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; pero por contra el PP sí ha resuelto el «cupo vasco» -el ventajoso sistema de recaudación y distribución de fondos del que disfrutan el País Vasco y Navarra- con el único objetivo de intentar alargar su mandato hasta el final de la legislatura con el respaldo de los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV), claves para aprobar los presupuestos del Estado para 2018. El pleno del Congreso renovó la propuesta del PP con el aval de los socialistas y de Podemos además de los nacionalistas catalanes y del PNV para solucionar el «asunto vasco» hasta 2021 mientras se aplaza la reforma del sistema de financiación para el resto de territorios. Un modelo que a día de hoy penaliza a la Comunidad Valenciana en más de 1.300 millones anuales y que en enero llevará ya cuatro años caducado.
La manifestación que discurrió el pasado sábado por las calles de València -una de las más multitudinarias desde la Transición- con el apoyo de sindicatos, empresarios y de todos los partidos -los socialistas, Compromís, Podemos y Cs- con la excepción del PP no ha afectado ni un ápice a la hoja de ruta del Gobierno de Rajoy. El pasado miércoles, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya dejó claro que no habrá nuevo modelo de financiación antes de que se cierre el año y en tanto se despeja la crisis catalana. Incumple el Gobierno, de esta manera, el acuerdo que tomó la conferencia de presidentes autonómicos el pasado mes de enero cuando, a propuesta de Ximo Puig, ratificó que el nuevo modelo -pendiente de reforma desde enero de 2014- estaría listo antes de finalizar este ejercicio. Así, la Generalitat tendrá que afrontar un nuevo presupuesto con un sistema que ha generado una «deuda histórica» producto de la falta de financiación que se acercaría a los 25.000 millones, más de cuatro billones de las antiguas pesetas. Una cantidad que saldaría más de la mitad del lastre que el Consell acumula a raíz del recurso a los préstamos y la financiación a través de las operaciones de tesorería del Fondo de Liquidez.
Por contra, sin embargo, el Gobierno de Rajoy necesita atraerse al PNV para aprobar la cuentas de 2018 -actualmente prorrogadas- y evitar un adelanto electoral. Resolver la renovación del «cupo vasco» es una decisión que el gobierno del PP tenía que despejar para llegar al final de su mandato. Y lo ha resuelto, además, en condiciones muy ventajosas para el País Vasco. Abonará al Estado 1.300 millones anuales por el cupo hasta 2021, lo que supone 225 millones menos de lo que estaba fijado en función del anterior acuerdo. Esa es la aportación que el gobierno del lehendakari Íñigo Urkullu realiza a la caja común por competencias no transferidas y para el mantenimiento de instituciones comunes. Los nacionalistas vascos, sin embargo, ya advirtieron que no darán estabilidad a Rajoy en tanto continúe la excepcionalidad política en Cataluña. Pero, de salida, ya tienen solucionada la financiación para los próximos cinco años cuando para el resto de territorios ni siquiera se ha iniciado la negociación política de ese nuevo sistema.
La aprobación del «cupo vasco» contó, además del grupo del PP y de sus socios navarros o asturianos, con el respaldo de los socialistas, Podemos, los independentistas catalanes además de los nacionalistas vascos y canarios. Se opusieron, por diferentes motivos, Ciudadanos, que rechaza este sistema al margen del resto de territorios. Y también los cuatro diputados de Compromís, que denuncian la discriminación que sufre la Comunidad en el reparto. El diputado Joan Baldoví confirmó el voto en contra de su grupo porque reclama mejor financiación también para el resto de comunidades «sin ningún tipo de privilegio» y cargó contra Ciudadanos por su posición, a su juicio farisea porque en otros aspectos no defiende la igualdad. «Estamos hartos de que la política española siga el eje Madrid-Euskadi-Cataluña, muy hartos», se quejó el portavoz de Compromís. Ni siquiera participó en la votación, como protesta, Ricardo Sixto, único parlamentario de Esquerra Unida.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante su invervención en las Cortes, anunció que plantearán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y «en todos los ámbitos» la necesidad de que las comunidades forales aporten al fondo de solidaridad interterritorial que debe incluir el nuevo sistema de financiación, como el resto de autonomías, porque «no es posible que no aporten». «No estoy en contra del concierto y del cupo vasco, pero sí que eso signifique injusticia y falta de equidad», zanjó Puig en respuesta a Fran Ferri, de Compromís.
