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Financiación autonómica

Litigios de Rajoy que cuestionan el autogobierno

El Gobierno ya ha puesto en el disparadero una veintena de leyes y decretos del Consell, las dos últimas de cariz social

En dos años y medio de gobierno de izquierdas en la Comunidad Valenciana, el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha puesto en cuestión o ha recurrido ante el Tribunal Constitucional preceptos de una veintena de leyes y decretos valencianos. Las dos últimas normas en disputa son, además, de marcado cariz social, una de las banderas del actual Consell del Botànic.

Así, la ley de la función social de la Vivienda o la de Pobreza Energética han acabado en manos de los tribunales, apenas unos meses después de ser aprobadas por las Cortes. En ambos casos, el Gobierno de Rajoy cree que el ejecutivo valenciano asume competencias que no le corresponden y ha recurrido al alto tribunal al fracasar las comisiones bilaterales.

Al final, ambas leyes han seguido idéntico camino que la de designación de senadores o los decretos con los que el Consell ha intentado asumir funciones de las diputaciones, ampliar el derecho de acceso a la sanidad universal o regular el uso institucional y administrativo del valenciano. Leyes que buscan ampliar derechos de colectivos históricamente desfavorecidos como la de identidad de género también han quedado abocadas a comisiones bilaterales, el mismo órgano que se ha activado para el decreto de plurilingüismo.

Además, meses atrás, el Tribunal Constitucional también dejó sin efecto las tres leyes valencianas de derecho civil nacidas al amparo de la legislación foral que recoge la reforma del Estatut valenciano de 2006: la de régimen económico matrimonial, la de custodia compartida y la de uniones de hecho, una potestad legislativa que sí tienen otras autonomías que también tuvieron fueros, como la valenciana.

En el Consell gana fuerza la teoría de que los recursos del Gobierno de Rajoy no obedecen tanto a cuestiones competenciales como a un camino decidido de activación de políticas recentralizadoras. La vicepresidenta, Mónica Oltra, cree que con esta fórmula de recursos continuados, el Gobierno quiere «hacer una política diferente a la que han elegido los ciudadanos en las urnas valencianas».

El problema valenciano se echa a la calle

El 18N, el «pollo» convocado el próximo sábado para que el mayor número posible de gente se entere de la discriminación que históricamente padecen los valencianos en el reparto de fondos del Estado, encara su recta final y ya hay dos hechos claros: el consenso general sobre la situación de infrafinanciación y la falta de unidad política sobre la manifestación, al negarse el PP a salir esta vez a la calle.

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