Más política y menos banderas. O sí, banderas sí, pero otras, las de la sanidad universal, la educación o la cultura. Podría ser un resumen del discurso de ayer de Ximo Puig, el de un Nou d'Octubre de unos tiempos especiales, cuando España experimenta «la crisis más grave de los últimos años», volvió a decir el presidente de la Generalitat, como ya hizo tras los acontecimientos del 1-O en Cataluña, la gran protagonista silenciosa (Puig no la citó explícitamente) de la jornada de ayer. Un Nou d'Octubre, el de ayer, víspera tal vez de una declaración de independencia de Cataluña y el Nou d'Octubre del día después de un gran grito en las calles de Barcelona contra la ruptura.

El jefe del Consell rechaza que se le etiquete de equidistante en el conflicto catalán, aunque su posición, en la que volvió a profundizar ayer (un esfuerzo poco lucidor más allá de las fronteras valencianas, según lo constatado hasta ahora), no está en la senda del aplauso a unos (el Govern de Carles Puigdemont) ni a otros (el ejecutivo de Mariano Rajoy). El discurso de Puig contuvo ayer críticas contra los que rompen «la legitimidad democrática constitucional» (los gobernantes de Cataluña) y contra el «inmovilismo» (el gobierno de la Moncloa). Frente a ello, abogó por el diálogo y la política, «la que se hace sin mesianismos, sin dramatizaciones, sin excusas», la política de los pequeños pasos que conducen a grandes cambios, en la que situó la línea de actuación del Consell del Botànic. «Nuestra primera obligación es no hacer sufrir a las personas», dijo para llamar a reconstruir los consensos sociales y a evitar que «los proyectos políticos enfrentados dividan a las personas».

El camino para reconducir la crisis actual que Puig lanzó fue el de unos nuevos Pactos de la Moncloa, como los de 1977, pero ahora enfocados a la cuestión territorial. Encarados a un rediseño federal de España. La posición de Puig se explica por convicciones personales (de trayectoria política) y por la coyuntura política. El jefe del Consell se marcó como una de sus primeras líneas de actuación recuperar la relación institucional con Cataluña, rota durante décadas como consecuencia de la batalla de València y el conflicto lingüístico. Resultado de ese empeño fue la visita al Palau de la Generalitat hace un año de una expedición de alto cargos, diputados y empresarios catalanes con Puigdemont al frente.

El líder del PSPV tiene además dos elementos en las manos que ha de valorar a la hora de pronunciarse sobre la cuestión catalana: la estabilidad con los socios en el gobierno de la Generalitat y la relación con la cúpula del PSOE.

La posición de Puig facilita la convivencia con los socios de Compromís, una coalición con una matriz (el Bloc) eminentemente nacionalista y que ha sido muy crítica con la actuación policial el día de la consulta en Cataluña. Puig no ha llegado a ese extrermo, pero ha insistido en la necesidad de negociar entre las dos partes y ha exigido una reformulación general del modelo territorial.

Esta línea no choca además con la que ha defendido el líder del PSOE, Pedro Sánchez, desde principios de septiembre (propuso una comisión en el Congreso de los Diputados para la reforma de la Constitución, sin aclarar muchos más detalles).

Sánchez, a su vez, ha sido contundente contra las decisiones del Govern catalán al margen del orden constitucional, si bien no se ha dejado llevar por las presiones de algunas voces de peso en el partido, que reclaman más beligerancia contra el desafío soberanista de Puigdemont y los suyos.

El presidente de la Generalitat no ha sobrepasado tampoco el margen de no condenar las decisiones adoptadas en el Parlament catalán obviando los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Que la independencia de Cataluña lo contamina todo estos días lo prueba el día de ayer, un Nou d'Octubre distinto a los últimos, con un discurso institucional más en clave estatal que valenciana, una procesión cívica con mucha más tensión en la calle y una manifestación reivindicativa que recordó a tiempos pasados, con carreras, agresiones a algunos manifestantes y la Policía intentando mantener alejados (no siempre con éxito) a los participantes de una contramanifestación organizada por España 2000 sin permiso ni comunicación a la Delegación del Gobierno. Un día de muchas banderas. Muy distinto al Nou d'Octubre de 1977 que Puig evocó en su discurso matinal en el Palau de la Generalitat. Aquella primera diada masiva (medio millón de personas) de unidad y paz tras la consigna Llibertat, amnistia i Estatut d'Autonomia que no volvería a repetirse.

Durante aquellos días de octubre de hace 40 años, políticos, dirigentes empresariales y sindicatos negociaban un gran acuerdo que asentara la transición democrática. De manera análoga, el presidente de la Generalitat propuso ayer «impulsar un nuevo Pacto de la Moncloa territorial que estabilice un nuevo modelo federal». Lo dijo dirigiéndose al resto de presidentes autonómicos.

Como los pactos de 1977

Igual que en 1977 España estaba al borde del colapso y del diálogo nacieron los Pactos de la Moncloa que serían un antecedente de los acuerdos para la Constitución, Puig pidió un entendimiento ahora sobre el conflicto territorial, «que de una vez por todas respete las singularidades entre territorios y garantice la igualdad entre ciudadanos». Ese pacto debería estar precedido de un espacio de reflexión amplio con «todos los presidentes» autonómicos (hay que presuponer que el jefe del Consell incluye al mandatario catalán) y «no se ha de entender como un gesto de debilidad, sino como la voluntad de desarrollar un nuevo proyecto de España». Admitió las discrepancias «muy profundas» entre partidos y, sin mencionar a Cataluña, pero hablando de todo lo que está sucediendo los últimos días, el líder del PSPV proclamó: «A los valencianos nos duele lo que está pasando. Nos conmueve la ruptura de la legitimidad democrática constitucional. Nos indigna la falta de puentes». «Nos entristece la fractura, el enaltecimiento de la polarización».

Frente a ello, propuso un «patrotismo cívico», donde «tienen cabida todas las patrias y matrias, personales y colectivas». Es la idea de las banderas «sin exclusiones», las de la sanidad, la solidaridad o el esfuerzo. «Esas son las banderas que dan sentido a un país», dijo.

El jefe del Consell abogó por la «lealtad reivindicativa» para afrontar la actual crisis territorial. Un concepto que defendió como «la actitud valenciana» ante los problemas que acucian al territorio: la agenda que suele formar parte de cada discurso importante del president y que se resumen en infrafinanciación e infrainversión. Dos situaciones que a juicio de Puig conectan la situación actual con la unidad que se dio en 1977 por el autogobierno.

Las soluciones a estos problemas arrastrados en el tiempo, afirmó, no pueden esperar más, «porque los derechos no esperan».

«Los valencianos no nos quedaremos callados», subrayó ayer el jefe del Consell, porque «una cosa es la prudencia, incluso la paciencia si observamos voluntad de cambio, y otra bajar la cabeza». Está por medio la obligación de cumplir con un deber histórico, dijo citando a Ricard Blasco. «No seremos nosotros los que estiremos, más aún, las tensiones territoriales, pero ya no quedan dudas de que el inmovilismo es la peor de las acciones», sentenció.

Puig empezó así un Nou d'Octubre igual y diferente. Igual porque la estructura institucional de la jornada está ya muy consolidada y diferente porque nunca la tensión territorial había sido tan importante. Lo pudo comprobar en persona durante la procesión cívica por las calles de València tras la Senyera y recibiría noticas a cientos de kilómetros (en Bruselas, en un acto en el Comité de las Regiones por el corredor mediterráneo) de la violencia que acompañó la manifestación reivindicativa de cada año, dedicada este año al valenciano.