El PP inventó Ciegsa para paliar el déficit de infraestructuras educativas y apoyándose en los créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El resultado fueron sobrecostes de más de mil millones, una deuda con la entidad europea y una comisión de investigación en las Corts sobre el agujero en la empresa pública. El Consell «del cambio» anunció ayer un plan de aceleración de la construcción de colegios e institutos con el que pretende hacer frente a lo que en las últimas semanas ha emergido como gran promesa incumplida: la eliminación de los barracones.
Si el PP se apoyó en Ciegsa, el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra busca a los ayuntamientos. Serán ellos los que tendrán que proponer y asumir las obras educativas que consideren en sus municipios. La Generalitat las jerarquizará y las financiara. Para evitar los sobrecostes (tan habituales en el pasado), serán las entidades locales las que tendrán que asumirlos, si los hay. Como contraprestación, si hay dinero sobrante sobre el coste proyectado el ayuntamiento podrá utilizarlo para obras educativas en el entorno.
Con esta medida, el Consell pretende evitar el embudo administrativo en la licitación de proyectos de construcción y reforma de centros escolares. De esta manera, serán los ayuntamientos los que se harán cargo de esta parte burocrática del proceso.
Puig anunció ayer que la Generalitat pondrá más de 700 millones de euros en los próximos dos años, que saldrán de los presupuestos de Educación. No es un problema de fondos el que ralentiza la construcción de colegios, sino administrativo, es el mensaje que deja el proyecto anunciado.
«Reconstruir» la educación
En su promesa de «reconstruir» la educación valenciana, Puig y el conseller Vicent Marzà, presentaron el 26 de enero de 2016 un plan de 482,7 millones para acabar con los barracones en los que estudian más de 20.600 escolares. Para que estas aulas provisionales pasaran a la historia se anunciaba la construcción de 124 colegios e institutos, entre ellos los 24 totalmente en prefabricados así como la eliminación de los barracones en otros 116 centros con la mitad de sus aulas en módulos.
Este plan iba a beneficiar a 51.000 alumnos: los más de 20.600 que estaban en barracones y los casi 30.300 matriculados en centros antiguos que precisan de reforma o ampliación.
Veintiún meses después la ejecución avanza a medio gas, pues el Consell aún no ha iniciado las obras en más de la mitad de centros prometidos. A un trimestre y medio de que acabe 2017 no se ha puesto ni un ladrillo en 39 de los 73 colegios programados en dos años.
Ante la lentitud del plan, hoy por hoy, lo único que se atreve a prometer Marzà es a construir o al menos iniciar las obras en los 24 centros totalmente en aulas provisionales antes de las elecciones de mayo de 2017. En estos dos años se han terminado 8 de estos centros, dos están en fase de construcción y en los 14 restantes no han comenzado las obras.
Para no perder la batalla contra los barracones el Consell abre dos nuevos frentes: El primero pasa por aliarse con los ayuntamientos para romper el freno que le impone la burocracia. El segundo consiste en poner otros 200 millones más sobre la mesa para ampliar el reto hasta los 700 centros: 200 a construir por completo y otros 500 a reformar.
La «herencia»del PP
Estos 700 colegios e institutos que reclaman a gritos una intervención es la «herencia» con que se encontraron PSPV y Compromís al relevar al PP del Consell. Según la Conselleria de Educación 703 de los 1.391 centros docentes públicos (el 50 %), que escolarizan a más de 270.000 alumnos, precisan de actuaciones en infraestructuras.
