El mandato aprobado en las Cortes para implantar la tasa turística en la Comunidad ha terminado por romper a los socialistas, la pata del Consell del Botànic en la que ese nuevo impuesto genera más dudas. A la abstención durante la votación en el Debate de Política General, a la posición prudente del conseller Vicent Soler y del presidente Ximo Puig o a la negativa del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, se sumó ayer la división interna y territorial del partido: Alicante rechaza la tasa mientras que en el Ayuntamiento de València salieron a aplaudirla. Una fractura sobre la que, además, la dirección socialista, reunida ayer en la sede de Blanqueries, se mostró incapaz de marcar una posición clara. A través de su portavoz, Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de València y alcalde de Ontinyent, el PSPV se dedicó a evitar el problema y echar balones fuera.
Con vacío de poder en la cúpula provincial socialista, fueron los concejales en el Ayuntamiento de Alicante los que dieron un paso adelante para oponerse a la tasa turística promovida por Podemos con el apoyo de Compromís, como explicitó en un comunicado la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante y edil de Turismo, Eva Montesinos. En ausencia del alcalde Gabriel Echávarri, convaleciente de una operación de apendicitis, la posición de los socialistas alicantinos es claramente contraria. Montesinos advirtió de que «la imposición de una tasa turística atenta significativamente contra nuestra economía, al provocar una pérdida directa de la competitividad del sector turístico de Alicante». Por ese motivo, explicó, si finalmente son los municipios -como propone el presidente Ximo Puig- los encargados de aprobar la mencionada tasa para gravar la pernoctación, «la ciudad de Alicante no adoptará bajo ninguna circunstancia lo que considera una imposición que frenará el desarrollo del sector turístico».
Un impuesto finalista como el que plantea Podemos, de acuerdo con la visión de los socialistas alicantinos, «supondría un retroceso y mermaría la capacidad competitiva de nuestra ciudad». En opinion de la edil de Turismo, la aprobación de la tasa repercutiría negativamente en la aplicación de políticas de precio competitivo, en contraste con las tarifas ofrecidas por otros destinos de competencia donde no se aplica este impuesto. Para Montesinos la propuesta realizada por Podemos lo único que pretende es «castigar a los que nos visitan para que no vengan. No se trata de recaudar, en realidad buscan reducir el número de turistas y, de esta forma, frenar la economía alicantina».
Por el contrario, sin embargo, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de València y concejala de Turismo, la socialista Sandra Gómez, aceptó la aplicación de la tasa en el «cap i casal» aunque con alguna condición. La primera es que la propia tasa, la cantidad y la fórmula para cobrarla, sean consensuadas con el sector. Los apartamentos turísticos, de hecho, ya se han pronunciado también a favor si los protocolos son claros y la recaudación revierte en el sector. Precisamente, ese es su segundo requisito, que todo lo recaudado en València se destine a la promoción. Hay que tener en cuenta que esa ciudad supera los 4 millones de pernoctaciones anuales y que su crecimiento está siendo muy significativo. Por último, Sandra Gómez reivindica la autonomía municipal para aplicar la tasa, es decir, que las administraciones locales puedan decidir sobre los mecanismos del propio impuesto y la gestión de la recaudación. En una línea muy parecida se manifestó el alcalde de València, Joan Ribo, uno de los líderes de Compromís.
Y mientras, la dirección de los socialistas en la Comunidad, durante su encuentro de ayer, se mostró incapaz de cuadrar una posición común sobre un asunto clave para la economía valenciana. En rueda de prensa, el portavoz de la ejecutiva del PSPV, Jorge Rodríguez, consideró necesario abrir un debate sobre la tasa turística «de forma sosegada» y «teniendo presente la legalidad, la oportunidad y los intereses del sector». Los socialistas, continuó evitando mojarse, «pensamos que un debate que afecta a la política impositiva tiene que ser serio, riguroso y sosegado porque tiene muchas implicaciones para un sector que supone el 14 % del PIB de al Comunidad». «No vamos a hacer nada contra el sector turístico porque pensamos que es un sector crucial» y consideró necesario «sentarnos a hablar» para «generar un espacio de debate en el que esté el sector».
