El director del Institut valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, se ha convertido en el primer alto cargo del Consell del Botànic citado como investigado por un juzgado. Declarará el próximo 2 de octubre por unas irregularidades que vienen de 2013, del gobierno anterior del PP, y que su departamento ya ha solucionado.

La citación de Illueca pone de relieve la trascendencia actual de los informes de la Sindicatura de Comptes, ya que el de 2015 está en el origen de la investigación. Desde marzo del citado año, estos informes se envían de oficio a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Los hechos por los que el director del IVF y su predecesora durante los seis primeros meses de 2015 (Mariona Roger) han sido llamados a declarar por el juzgado de Instrucción 17 de València están relacionados con el fraccionamiento de contratos en la desaparecida Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, absorbida por el IVF en enero de 2014.

El personal que se ocupa de esta área se proveía mediante un contrato de asistencia técnica que se renovaba mensualmente. En 2015, según el organismo fiscalizador, se realizaron «catorce contrataciones menores con el mismo proveedor» para trabajos realizados por las mismas 4 personas, por lo que observaba falsa contratación laboral.

La situación fue denunciada por la Sindicatura en su informe sobre 2015 y, aunque Illueca, según informó ayer la Conselleria de Hacienda, empezó a tomar decisiones para revertir la irregularidad poco después de su llegada al cargo en julio de 2015, los hechos acabaron en la apertura de diligencias y, ahora, en la citación para declarar como investigados de los dos últimos titulares del IVF. En su informe de 2015, la Sindicatura concluía que, a fecha de elaboración de este (octubre de 2016), «no ha quedado acreditado que el IVF haya regularizado las contrataciones».

Illueca, según pudo saber este diario, puso su cargo a disposición del conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien rechazó esta posibilidad con el argumento de que ha sido el actual equipo gestor del IVF el que ha «erradicado» un problema heredado del PP. El director del Institut de Finances, subrayó el Consell, prescindió ya en noviembre de 2015 e la persona responsable de la contratación en la Agencia de Certificación e inició los trámites para evitar la contratación mensual.

Sin embargo, estos no han finalizado hasta el pasado mes de junio, cuando se adjudicó el servicio por 250.000 euros para un periodo de un año prorrogable por otro. La única firma que optó y que se llevó el contrato es la empresa que prestaba ya el servicio, dada la especificidad de los trabajos, explicó Hacienda. Estos técnicos se ocupan, entre otras cosas, de las tarjetas criptográficas que utiliza el personal sanitario para acceder a los historiales clínicos o la certificación electrónica de empresas en sus trámites con la Generalitat.

Hasta ahora, el gobierno de PSPV y Compromís se había visto implicado en alguna investigación cuando la Fiscalía abrió diligencias contra la Conselleria de Agricultura y su titular a raíz de una denuncia de USO por las encomiendas de gestión con Tragsa. El caso fue archivado antes de llegar a un juzgado, precisó ayer el departamento. Anteriormente, la directora general de Internacionalización de la Conselleria de Economía Mónica Cucarella fue destituida por una investigación no sobre su gestión sino sobre una gasolinera de su familia de la que es apoderada.

Roger, por otra parte, declinó ayer declaraciones, si bien en su entorno señalaron que no ha recibido la citación judicial.