La reunión entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, con el plurilingüismo de la Conselleria de Educación como telón de fondo a un mes del inicio del curso escolar, sirvió para que ambas partes lanzaran dos mensajes claros. Por un lado, el que hizo el jefe del Consell, que advirtió a la también portavoz del PP en las Cortes Valencianas de que escuchará y dialogará, pero que el plurilingüismo no se toca, y por otro, el que lanzó Isabel Bonig, impulsora del encuentro de ayer, situando a su formación como pieza clave de «un gran pacto educativo» en la Comunidad y de un plan de movilidad del alumnado.
El jefe del gabinete del presidente, Arcadi España, manifestó que se harán las modificaciones del decreto que indiquen los tribunales -es decir, las que legalmente estén obligados a hacer-, pero insitió en que la solución «no pasa por volver al modelo anterior» porque el decreto regula «una medida necesaria frente a un modelo anterior que no ha funcionado».
España, que ayer ejerció como portavoz del presidente, añadió que las cuestiones educativas se deben abordar desde el consenso y en el marco «más amplio» de la Ley Integral Valenciana de Educación que, enfatizó, «se está negociando con todos los grupos parlamentarios y la sociedad».
La presidenta del PPCV, a instancias de quien se llevó a cabo la reunión, ofreció a la Generalitat diálogo y apoyo de su partido a «un gran pacto educativo» y a la nueva Ley Educativa Valenciana «siempre que respete y escuche a la comunidad educativa», y propuso planes de movilidad del alumnado y de apoyo al valenciano. En la comparecencia pública que tuvo ante los medios, señaló que le reiteró a Puig que las decisiones judiciales han de cumplirse, y si no se comparten recurrirlas «pero es fundamental respetarlas para que la Comunidad Valenciana no se asemeje a Cataluña».
Añadió que el jefe del Consell le aseguró que la sentencia sobre el decreto de plurilingüismo, al que ella sigue llamando del «chantaje lingüístico», se va a cumplir.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) declaró nulo de forma parcial el decreto 9/2017 de plurilingüismo de la Generalitat, que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria. La sentencia estimó parcialmente el recurso interpuesto por el sindicato CSI-F y anuló la disposición adicional quinta por entender que se vulnera el «derecho fundamental a la igualdad y el derecho a la educación» reconocido en la Constitución. Este fallo se sumaba a la suspensión cautelar que ya dictó el TSJ a raíz de otro recurso presentado por la Diputación de Alicante.
Los grupos de PSPV-PSOE y Compromís en las Cortes Valencianas aseguraron ayer que el Conseller de Educación, Vicent Marzà, comparecerá en septiembre antes del inicio de curso para hablar sobre las decisiones del Consell respecto a la suspensión cautelar del decreto, que obliga a volver a la normativa anterior del Consell del PP.
«Puig no es libre»
Según la dirigente popular, el presidente «no es libre» a la hora de tomar decisiones porque es Compromís el que marca «la hoja de ruta en Educación o financiación» y Podemos «limita» en algunas cuestiones. Bonig aseguró que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tomó «un peligroso camino» cuando acusó a los jueces «de hacer política», y dijo que no ha sido el PP el que ha judicializado la medida sino que hay recursos de la sociedad civil, que «tiene todo el derecho a recurrir cuando ven conculcados sus derechos». Bonig se mostró convencida de que puede llegar a acuerdos con el PSPV. «Con Compromís es otra cosa», dijo.
