Provincias o comarcas. Diputaciones sí o no. El debate viene de lejos. La derecha defiende tradicionalmente las primeras; la izquierda valencianista, las segundas. Forma parte del ADN político de la Comunidad Valenciana. Tras veinte años de gobiernos del PP, la cuestión parecía muerta, pero ha resucitado con el gobierno del Botánic. Incluso el gobierno de Mariano Rajoy está dispuesto a volver salir en defensa de la distribución territorial y administrativa que, entiende, consagra la Constitución.
El Consell aprobó y envió a Corts en mayo el proyecto de ley de mancomunidades, el cual contempla como principal novedad la creación de estructuras de este tipo de carácter comarcal, acogidas a lo que denomina «demarcación territorial histórica». La ley ha sido duramente atacada por el PP alicantino al entender que invade competencias propias de las diputaciones.
La mancomunidad existía hasta ahora como agrupación de servicios entre municipios. En Moncloa no ven los objetivos claros. Según ha podido saber este diario a través de fuentes del ejecutivo central, el documento está siendo estudiado detenidamente de cara a actuar contra él. Las medidas, como es habitual en estos casos, pueden acabar en un recurso ante el Tribunal Constitucional si no prosperan los requerimientos al Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra para que cambie contenidos del proyecto.
De acuerdo con las fuentes consultadas, las diputaciones gozan de un reconocimiento constitucional que el Estado y sus servicios jurídicos han de proteger. En otras palabras, que se trata de una cuestión no de ideología, sino de respeto al marco jurídico. Si el asunto acaba en recurso de inconstitucionalidad, no será una sorpresa.
El ejecutivo de Rajoy ya actuó contra el decreto del bipartito de coordinación de las diputaciones. Este retiraba las competencias de turismo y deporte a las instituciones provinciales. Las de Alicante y Castelló, ambas en poder del PP, también llevaron la norma a los tribunales y el TSJ falló el pasado marzo en su favor.
