El XIII Congreso Nacional que el PSPV está celebrando este fin de semana en la Institución Ferial Alicantina (IFA) no sólo ha servido para ratificar el liderazgo de Ximo Puig. También se ha convertido en una exhibición de apoyo a la política lingüística que está impulsando la Generalitat. Ese respaldo se ha concentrado en dos textos. Por un lado, en una resolución aprobada ayer en la que se escenifica el «total apoyo» de los socialistas valencianos a las iniciativas del Consell para promocionar el valenciano. «Las dos lenguas forman parte de nuestro patrimonio cultural y lingüístico, y como tal tienen que ser respetadas, reconocidas y utilizadas, siendo el valenciano la seña de identidad más peculiar que poseemos», reza el documento.

Ese texto censura la actitud que ha adoptado el PP de recurrir sistemáticamente a los tribunales y finaliza con tres reivindicaciones. Las dos primeras, con miras a Madrid. «Exigimos al Gobierno de Rajoy que reconozca la pluralidad lingüística, cultural y social de España y legisle para que las diferentes lenguas españolas, lejos de usarse como elemento de confrontación, sean verdaderos instrumentos de cohesión social, testimonios de la pluralidad que fomenta nuestra riqueza cultural», se explicita en primer lugar.

La segunda petición pasa por que el Ejecutivo central «deje de instrumentalizar el valenciano y cese en su obstinación de atacar desde los juzgados las iniciativas que desde la Generalitat se están impulsando para retomar la arquitectura legal que ampara nuestra lengua propia y nuestros derechos lingüísticos individuales y colectivos».

Finalmente, la tercera reivindicación ya se centra en mostrar el apoyo del PSPV a las políticas que está impulsando el Ejecutivo autonómico en materia lingüística. «Reivindicamos el derecho de llevar adelante políticas que garanticen la igualdad real de las dos lenguas oficiales de nuestro país», resume. Y añade: «Manifestamos nuestro apoyo al decreto de plurilingüismo impulsado desde el Gobierno y al decreto de uso del valenciano en la administración».

Tal y como ha venido informando este diario a lo largo de la semana, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anulado parcialmente el decreto de plurilingüismo para Educación Infantil y Primaria al entender que premia con más inglés a los alumnos que cursan sus estudios en las líneas más avanzadas de valenciano. Y todo, a raíz de un recurso que presentó en el TSJ el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, comandado por César Sánchez, en contra del decreto.

Respecto al texto que regula el uso del valenciano en la Administración, y que obliga a los funcionarios a dirigirse a los ciudadanos en la lengua propia en un primer momento, la suerte ha sido distinta para la Generalitat. El PP también solicitó en los tribunales que se anulara el decreto, pero el TSJ ha desestimado esa petición. «Reivindicamos el derecho a llevar adelante políticas que garanticen la igualdad real de las dos lenguas oficiales de nuestro país», zanja.

El segundo texto en el que se respalda la acción del Consell en materia lingüística es la ponencia marco. Junto al documento en sí, los socialistas acordaron incluir varias enmiendas en las que, por una parte, se apuesta por potenciar el valenciano en los centros educativos y, por otra, se plasman una serie de propuestas en el ámbito educativo. Entre las iniciativas que ayer salieron adelante figuran no ceder suelo público para la construcción de escuelas concertadas -como se hizo en la época del PP-, la revisión de los conciertos educativos, garantizar el aprendizaje de una lengua extranjera y la exclusión de la asignatura de Religión del currículum.