La relación entre el Gobierno de España y la Generalitat, en estos momentos, es de bloqueo casi absoluto. En Madrid ha escocido el plante que el Consell evidenció durante la visita que protagonizó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a la localidad de Benissa para el reinicio de unas obras -la variante de la localidad- que llevaban nada menos que nueve años paralizadas. Consideran en el Gobierno que el Ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra se pone al nivel de Cataluña en lo que califican de boicot a la número dos de La Moncloa. Por contra, en Presidencia de la Generalitat recuerdan que Mariano Rajoy mantiene bloqueada desde hace cuatro meses la petición del jefe del Consell para reunirse y abordar la discriminación que sufre la Comunidad tanto con el reparto de la financiación autonómica como con las inversiones. «Quizá Rajoy esté ahora más preocupado de preparar su declaración como testigo por la Gürtel», ironizan desde el Palau.
Lo cierto es que el pasado mes de abril el presidente de la Generalitat formalizó una petición para reunirse con Rajoy. Lo hizo a raíz de conocerse los presupuestos del Estado para este año que recortaban casi en un tercio la inversión en la Comunidad y la reducían a la mitad en la provincia de Alicante. Hubo una serie de contactos a nivel de los jefes de gabinete de Rajoy y Puig. Pero, en cualquier caso, cuatro meses después, esa cita todavía no se ha producido a pesar de que el presidente de la Generalitat ha elevado el tono de su discurso merced al trato que recibe la Comunidad por parte del Estado. A día de hoy ni hay fecha ni respuesta concreta. Esa distancia entre el presidente del Gobierno y el jefe del Consell se ha traducido a la vez en el bloqueo de un encuentro bilateral entre el Ministerio de Fomento, encabezado por Íñigo de la Serna; y la consellera María José Salvador con miembros de sus departamentos para abordar una serie de infraestucturas pendientes.
En la Generalitat se quejan de la relación con Madrid y, especialmente, del delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues, al que acusan de usar el cargo como promoción política y de actuar al margen de la cortesía institucional. Y recuerdan, en este sentido, el episodio de la «contraprogramación» de Moragues cuando organizó un acto del Día de la Constitución en València como réplica a la celebración oficial de la Generalitat en Alicante. En el Palau de la Generalitat culpan a Moragues de que la relación con Madrid se haya enquistado y lo colocan en el epicentro de la «lucha de poder» dentro de las filas del PP en la Comunidad.
Lo cierto es que, a falta de reuniones entre el Gobierno de España y el Consell, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sí mantuvo un encuentro con la cúpula del PP al finalizar el acto institucional que protagonizó en Benissa. A esa convocatoria, que se celebró en Teulada, localidad del presidente provincial del PP, José Císcar, acudieron, además del propio Císcar como anfitrión junto a Sáenz de Santamaría y el ministro De la Serna, la líder regional de los populares, Isabel Bonig; la número dos del partido, Eva Ortiz; el presidente de la Diputación y miembro de la ejecutiva nacional del PP, César Sánchez; y el delegado del Gobierno en la Comunidad, el mencionado Juan Carlos Moragues.
En la reunión no se habló de la mejora de la financiación autonómica. Pero sí de las inversiones. El ministro De la Serna, de hecho, garantizó que las promesas realizadas durante la visita a Benissa -la mejora de los accesos al aeropuerto- o los anuncios que viene realizando con las actuaciones para completar el Corredor Mediterráneo quedarán negro sobre blanco en los presupuestos de 2018. Eso supondrá, de acuerdo a las fuentes consultadas, un alivio para el PP de la Comunidad, que podrá exhibir un alza de las inversiones en la elaboración de las cuentas para el próximo año.
