De impulsar obras con sobrecostes a gestionar barracones. El pleno del Consell, reunido ayer, acordó la modificación de los estatutos de Ciegsa y certificó que la empresa pública dejará de construir colegios e institutos en la Comunidad. Ahora será la propia Conselleria de Educación la que asumirá esas funciones. Ciegsa se ha visto salpicada por la corrupción en los últimos meses después de que la Intervención de la Generalitat detectara sobrecostes de más de 1.000 millones de euros en obras de centros educativos. Tal fue el presunto despilfarro que hasta las Cortes acordaron realizar una comisión de investigación en la Cámara autonómica que obligó a dar explicaciones al expresidente Francisco Camps y al ex conseller de Economía y actual diputado en el Congreso por Alicante, Gerardo Camps.

En concreto, el pleno del Consell, constituido en Junta General de Accionistas de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa), acordó la modificación de los estatutos de la sociedad y la correspondiente adopción de varios acuerdos sociales. Concretamente, se ha cambiado el artículo 4 para fijar como objeto de la sociedad la gestión de la instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional encomendadas por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, así como la adecuación y actualización normativa de proyectos constructivos contratados por Ciegsa a petición de la Administración pública.

Asimismo, se ha introducido un nuevo artículo 15, relativo a la gerencia, que establece que el gerente será designado por el Consejo de Administración con las facultades que se le asignen mediante el correspondiente apoderamiento. Podrá asistir a las sesiones del Consejo de Administración con voz, pero sin voto.

Igualmente, se faculta al presidente y el secretario del Consejo de Administración para que puedan comparecer ante notario y elevar estos acuerdos. También se autoriza al secretario para que certifique el acta de la Junta de Accionistas y de los acuerdos.

En el pleno de ayer se abordaron otras muchas cuestiones. Entre ellas, la aprobación del presupuesto de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunidad Valenciana para 2017, que ascenderá a un total de 1,5 millones de euros. Esta Agencia, dirigida por Joan Llinares, tiene como finalidad prevenir y erradicar el fraude y la corrupción de las instituciones públicas valencianas e impulsar la integridad y la ética pública, según informó la Generalitat.

Asimismo, entre sus objetivos también figura el fomento de una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como en la gestión de los recursos públicos. La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción está adscrita a las Cortes como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

La ley de creación de esta entidad prevé que la dotación económica para su funcionamiento constituirá una partida independiente en el presupuesto de la Cámara. Con este objetivo, la dirección de la Agencia elaborará y aprobará su presupuesto para que sea integrado en las cuentas de la Generalitat.