Visiblemente enfadado pero a la vez combativo, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lamentó ayer el expolio que sufre la Comunidad Valenciana con los dos últimos modelos de financiación autonómica -cifrado en 20.000 millones de euros por la Conselleria de Hacienda- y lanzó varios dardos envenenados al Gobierno central. El jefe del Consell insistió en que «el problema territorial de España no es Cataluña», lamentó la «discriminación» constante que ha sufrido la Comunidad por parte del Ejecutivo central y advirtió de que su Consell no va a permitir que la autonomía «continúe invisible» a ojos de Madrid.
Puig se postuló en estos términos ayer por la tarde durante la clausura de la segunda edición dels Diàlegs d'Estiu, una iniciativa impulsada por la Conselleria de Transparencia que persigue que los consellers rindan cuentas ante la ciudadanía. Y ayer le tocó el turno al presidente. Tras realizar un breve balance de los dos años de políticas de l'Acord del Botànic, el también secretario general del PSPV respondió a las preguntas de los ciudadanos. Una de ellas, relativa a la financiación autonómica. Solo un día después de que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, pusiera negro sobre blanco cuánto dinero ha dejado de ingresar la Comunidad con los modelos aprobados tanto en la época de José María Aznar (2002) como en la de José Luis Rodríguez Zapatero (2009), Puig se preguntó: «¿Vamos a estar siempre discriminados?».
Acto seguido, el jefe del Consell recordó que su Ejecutivo ha conseguido poner en común a todos los grupos parlamentarios de las Cortes -incluido el PP- y a la sociedad en general para visibilizar lo que bautizó como «el problema valenciano». «Está lejos de entenderse que el problema territorial de España no es Cataluña. Nosotros no tenemos afán independentista ni secesionista, pero no vamos a consentir que la Comunidad Valenciana continúe invisible. De hecho, ya lo hemos dejado de ser», zanjó.
El presidente también radiografió la «ruta de salida» a esa situación. En primer lugar, dijo, la Comunidad necesita un sistema de financiación autonómica que genere «equidad». «No puede ser que un ciudadano de cualquier otra parte de España llegue a recibir hasta cinco veces más que un valenciano», sentenció. El segundo aspecto que se debe corregir es el de la «infrainversión». El presidente recordó que la Comunidad está saliendo malparada durante los últimos años en el reparto de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y censuró que a pesar de que la autonomía representa entre el 10 y el 11% de la población española, el Ejecutivo central únicamente ha terminado invirtiendo en Alicante, València y Castellón entre un 2 y un 3%. «Eso ha significado que no se hayan podido crear miles de puestos de trabajo», apostilló.
Y, por último, el líder de los socialistas valencianos también quiso recordar la deuda histórica, cifrada en esos 20.000 millones que previamente cuantificó Vicent Soler. «Todo esto tiene un nombre: 40.000 millones de deuda», señaló, en alusión a la carga financiera que arrastra la Comunidad y que le obliga a reservar todos los años cerca de 4.000 millones para el Servicio de la Deuda.
Educación
El presidente abordó otras muchas cuestiones. Entre ellas, varias relativas a Educación. Tranquilizó al profesorado de Filosofía presente en la sala y se comprometió a que la materia tenga presencia en las aulas, defendió la necesidad de que los docentes tengan la capacitación en valenciano y cargó contra el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad que obliga a la Generalitat a devolver el concierto de Bachillerato a dos centros educativos de València. «Una sala del TSJ ha venido a decir que el Bachillerato concertado tiene una especie de derecho de pernada», aseveró en su última intervención de la tarde.
La jornada de ayer la abrió el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, quien destacó las políticas del «Gobierno del cambio»; y la cerró el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. «Estamos construyendo transparencia», resumió.
