Arranca la segunda mitad de mandato pero la vida sigue igual entre la Diputación y el Consell: incomunicación casi absoluta. Una batalla política con la única gran institución que quedó en manos del PP después de las elecciones municipales y autonómicas de los populares convertida en el principal ariete de la oposición a la gestión de la Generalitat que comparten los socialistas y Compromís. Durante la sesión al control al gobierno del pasado miércoles por la tarde en las Cortes, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, desveló, a preguntas de la diputada del PSPV Noelia Hernández, que la Diputación ni siquiera ha contestado a una propuesta del Instituto Valenciano de Finanzas para buscar una solución a los municipios de la provincia que se quedan sin oficina bancaria o sin servicio de cajero automático.

«Es un problema gravísimo», detalló Soler a la pregunta de Noelia Hernández que, previamente, había atacado a una «Dipu que no es de los pueblos» y ya había recordado, por ejemplo, la negativa de César Sánchez al Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat que ha dejado a las poblaciones alicantinas con la mitad del dinero que las del resto de la Comunidad. «Llevamos esperando una respuesta para colaborar desde finales de octubre», explicó Vicent Soler para detallar que hay una lista con 64 municipios alicantinos al borde de lo que definió como «exclusión financiera»: 33 localidades ya no cuentan con oficina o no tienen cajero; y en otras 31 sólo queda una sucursal bancaria, lo que dificulta el acceso a población envejecida, con dificultad de desplazamiento o, incluso, sin acceso a internet. «No se ha producido ni contestación. Es una actitud poco razonable e inaceptable», concluyó Soler.

Ayer el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, por su parte, mantuvo abiertos dos de los grandes frentes que tiene con la Generalitat: el debate sobre el valenciano a raíz del decreto de plurilingüismo de Vicent Marzà; y el papel de las diputaciones. Sobre la cuestión lingüistica se mostró convencido de que el TSJ le dará la razón y tumbará de forma definitiva el decreto al tiempo que se felicitó por la retirada de la ley de demarcaciones comarcales. La vida sigue igual.